La Casa Blanca ha anunciado este martes nuevas medidas para impedir que todos aquellos migrantes que crucen la frontera sur de manera ilegal puedan recibir asilo, a fin de facilitar las expulsiones de quienes no están amparados legalmente para quedarse y reducir el trabajo de las autoridades fronterizas.
No obstante, ha matizado que estas medidas, que la Casa Blanca no ha precisado, no pueden sustituir a las que se están debatiendo ahora en el Congreso, las cuales contemplan un mayor número de efectivos y de fondos.
El Gobierno estadounidense ha aprovechado para reprochar nuevamente a los republicanos de la Cámara de Representantes que estén anteponiendo sus intereses partidistas a la seguridad nacional y que hayan votado en dos ocasiones en contra del conjunto de reformas “más duras y justas en décadas”.
La Administración Biden “ha desplegado la mayor cantidad de agentes jamás vista para abordar la situación en la frontera sur, ha incautado niveles récord de fentanilo en nuestros puertos de entrada y ha reunido a los líderes mundiales para abordar los patrones migratorios que afectan a todo el mundo”, destaca.
Con estas medidas las autoridades podrán deportar a quienes no cumplan con algunos de estos requisitos cuando se supere la cifra de 2 mil 500 detenciones diarias, en un momento en el que se ha registrado en abril cerca de 4 mil arrestos cada día.
Estas normas no son permanentes, destaca la Casa Blanca. Se suspenderán cuando el número de migrantes que cruzan la frontera sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionarlo de forma segura y eficaz, e incluyen excepciones humanitarias, como menores no acompañados y víctimas de trata.
Los protocolos volverían a relajarse una vez el promedio diario no se supere las 1 mil 500 detenciones durante 14 días, extremo que no se ha registrado desde julio de 2020, en plena pandemia del coronavirus.
Se trata de una de las acciones más duras del gobierno estadounidense en relación a la frontera sur, uno de los principales quebraderos de la Administración Biden, que toma esta decisión a pocas semanas del primer debate presidencial con Donald Trump, quien ya tomó una decisión similar durante su mandato.
Las razones del cierre de la frontera de Estados Unidos
Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden ha hecho un llamado al Congreso para que asegure su frontera y aborde su quebrantado sistema de inmigración. En el transcurso de los últimos tres años, a pesar de que el Congreso no ha actuado, el presidente ha adoptado medidas para asegurar nuestra frontera. Su gobierno ha desplegado el mayor número de agentes y funcionarios que jamás se hayan visto para hacer frente a la situación en la frontera sur, ha incautado niveles récord de fentanilo ilícito en los puertos de entrada, y ha reunido a líderes mundiales en torno a un marco para hacer frente a los cambiantes patrones migratorios que están afectando a todo el hemisferio occidental.
A principios de este año, el presidente y su equipo alcanzaron un histórico acuerdo bipartidista con los demócratas y los republicanos del Senado para llevar a cabo las reformas más trascendentales de las leyes de inmigración de Estados Unidos en décadas. Este acuerdo hubiera añadido personal fronterizo y de inmigración esencial, invertido en tecnologías para capturar el fentanilo ilegal, introducido reformas radicales en el sistema de asilo y proporcionado al presidente autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando el sistema se viera desbordado. “Pero los republicanos del Congreso optaron por anteponer la política partidista a nuestra seguridad nacional, y votaron dos veces en contra del conjunto de reformas más rigurosas y justas en décadas”, dicen fuentes oficiales.
“El presidente Biden está convencido de que debemos asegurar nuestra frontera. Es por ello que hoy anunció medidas ejecutivas para impedir que los inmigrantes que crucen ilegalmente nuestra frontera sur reciban asilo. Estas medidas entrarán en vigor cuando la frontera sur se vea desbordada, como ocurre en la actualidad. Les facilitarán a los funcionarios de inmigración remover a aquellos que no tienen una base legal y reducirán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza”, asegura el informe emitido por la Casa Blanca.
“Pero debemos ser claros: esto no puede lograr los mismos resultados que una intervención por parte del Congreso lograría, y no proporciona ni el personal crítico ni los fondos necesarios para asegurar aún más nuestra frontera sur. El Congreso aún debe actuar”, apunta.
Las medidas ejecutivas de la administración Biden-Harris:
Prohibirán el asilo a aquellos inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera sur
- El presidente Biden emitió una proclamación en virtud de las secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad por la que se suspende la entrada de extranjeros que crucen ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos. Esta proclamación va acompañada de una norma final provisional de los Departamentos de Justicia y Seguridad Interior que restringe el asilo para estos extranjeros.
- Estas medidas entrarán en vigor cuando la frontera sur se vea desbordada y les facilitarán a los funcionarios de inmigración la rápida expulsión de las personas que no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos.
- Estas medidas no son permanentes. Se suspenderán cuando el número de inmigrantes que crucen la frontera entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda garantizar una gestión segura y eficaz de las operaciones fronterizas. Estas medidas también incluyen excepciones humanitarias similares a las incluidas en el acuerdo fronterizo bipartidista anunciado por el Senado, incluidas las destinadas a los niños no acompañados y a las víctimas del tráfico de personas.
Medidas recientes para asegurar nuestra frontera y abordar nuestro quebrado sistema de inmigración:
Fortalecimiento del proceso de escrutinio de solicitantes de asilo.
- El Departamento de Seguridad Nacional publicó una propuesta de norma para garantizar que los inmigrantes que supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional sean expulsados lo más rápido posible en el proceso, en lugar de permanecer detenidos de forma prolongada y costosa antes de su expulsión. Esta norma propuesta mejorará la seguridad y tendrá consecuencias más inmediatas para quienes carezcan de un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos.
Anuncio de nuevas acciones para resolver más rápidamente los casos de inmigración.
- El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional crearon una lista especial de casos legales pendientes de recién llegados para resolver más rápidamente una parte de los casos de inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur entre los puertos de entrada violando nuestras leyes de inmigración.
- A través de este proceso, el Departamento de Justicia podrá atender estos casos con mayor rapidez y el Departamento de Seguridad Nacional podrá expulsar más rápidamente a las personas que carezcan de un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos y conceder protección a quienes sí tengan motivos válidos para ello.
- El acuerdo fronterizo bipartidista hubiera creado y apoyado un marco aún más efectivo para emitir decisiones definitivas a todos los solicitantes de asilo. Este nuevo proceso para reformar nuestro desbordado sistema de inmigración sólo puede ser creado y financiado por el Congreso.
Revocación de los visados de directores ejecutivos de empresas y funcionarios gubernamentales que se beneficiaban de la llegada ilegal de inmigrantes a EE.UU.
- El Departamento de Estado impuso restricciones de visado a los ejecutivos de varias empresas de transporte colombianas que se benefician del contrabando de inmigrantes por vía marítima. Esta iniciativa toma medidas contundentes contra las empresas que contribuyen a facilitar la entrada ilegal a los Estados Unidos y envía un mensaje claro de que nadie debe beneficiarse de la explotación de migrantes vulnerables.
- El Departamento de Estado también impuso restricciones de visado a más de 250 miembros del gobierno y actores no gubernamentales nicaragüenses, así como a sus familiares directos, por su papel en el apoyo al régimen de Ortega-Murillo, que vende visados de tránsito a migrantes de dentro y fuera del hemisferio occidental que acaban llegando a la frontera sur.
- Con anterioridad, el Departamento de Estado ya había revocado visados a ejecutivos de aerolíneas chárter por actos similares.
Ampliación de los esfuerzos dirigidos a desmantelar el contrabando de personas y a apoyar los enjuiciamientos en materia de inmigración.
- Los Departamentos de Estado y de Justicia lanzaron una iniciativa de “Recompensas contra el contrabando” diseñada para desmantelar la cúpula de las organizaciones de contrabando de personas que introducen inmigrantes atravesando Centroamérica y luego cruzando la frontera sur de Estados Unidos. La iniciativa ofrecerá recompensas económicas a cambio de información que conduzca a la identificación, localización, detención o condena de los principales responsables de significativas actividades de contrabando de personas en la región.
- El Departamento de Justicia buscará imponer penas nuevas y más severas contra los contrabandistas de personas para responder debidamente a la gravedad de su conducta delictiva y a la miseria humana que provoca.
- El Departamento de Justicia también está colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional para destinar más fiscales y personal de apoyo a las fiscalías federales fronterizas de los EE.UU. con el fin de intensificar los enjuiciamientos relacionados con la inmigración. Los esfuerzos incluyen el despliegue de fiscales adjuntos especiales adicionales del Departamento de Seguridad Nacional en diferentes fiscalías, la asignación de personal de apoyo a fiscalías críticas, incluidos fiscales del Departamento de Justicia, para que presten servicios en las fiscalías de varios distritos fronterizos, y la cooperación con organismos federales para identificar recursos adicionales destinados a combatir estos delitos.
Intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración.
- El Departamento de Seguridad Nacional ha enviado un gran número de agentes a la frontera sur y está procediendo a la expulsión acelerada de un número récord de personas.
- El Departamento de Seguridad Nacional está operando más vuelos de repatriación a la semana que nunca. En el curso del último año, el Departamento de Seguridad Nacional ha expulsado o devuelto a más de 750,000 personas, más que en cualquier año fiscal desde 2010.
- Trabajando en estrecha colaboración con sus contrapartes de toda la región, la administración Biden-Harris está colaborando en la identificación y aplicación de medidas destinadas a detener la migración irregular antes de que los inmigrantes lleguen a nuestra frontera sur, a ampliar las oportunidades de inversión e integración en la región para apoyar a aquellos que, de otro modo, podrían tratar de emigrar, y a aumentar las vías legales para los inmigrantes como alternativa a la inmigración irregular.
Incautación de fentanilo en nuestra frontera.
- Los funcionarios fronterizos han incautado más fentanilo en los puertos de entrada en los últimos dos años que en los cinco años precedentes juntos, y el presidente ha añadido 40 máquinas de detección de drogas en los puntos de entrada para interrumpir el contrabando de fentanilo en el territorio nacional. El acuerdo fronterizo bipartidista permitiría financiar la instalación de 100 máquinas de inspección de última generación adicionales para ayudar a detectar el fentanilo en los puertos de entrada de nuestra frontera sur.
- En estrecha colaboración con el gobierno de México, el Departamento de Justicia ha extraditado de México a Estados Unidos a Néstor Isidro Pérez Salaz, conocido como “El Nini”, para ser procesado por su papel en el tráfico ilícito de fentanilo y abusos contra los derechos humanos. Este es uno de los muchos ejemplos de esfuerzos conjuntos con México para hacer frente a la epidemia de fentanilo y drogas sintéticas que está cobrando la vida de tantas personas en nuestros países y en todo el mundo, y para hacer rendir cuentas a las organizaciones narcotraficantes.
