Tras el fatídico incidente ocurrido la noche del 7 de junio en el Bar Rich, ubicado en la Plaza Alttus en San Luis Potosí, cuando un barandal colapsó debido al sobrecupo de los asistentes al concierto del cantante Kevin AMF.
De acuerdo con informes oficiales, las dos personas que perdieron la vida en el Bar Rich han sido identificadas como Rodrigo Espinoza y Manuel Alejandro I.P. Este último era hijo del reconocido arquitecto Juan Ramón Infante, vicepresidente de Coparmex Matehuala, lo que ha generado una ola de consternación en la comunidad empresarial de la región.
Entre los heridos se encuentran Sofía Martínez, Luca Avilés, Ramón Orozco, Francisco Gaitán y Andrés Álvarez, quienes fueron atendidos por los servicios de emergencia. Algunos de ellos permanecen hospitalizados en estado crítico, mientras que otros han sido dados de alta tras recibir los cuidados médicos necesarios.
¿Por qué colapsó el barandal del antro?
La tragedia ocurrió instantes antes de la medianoche, cuando decenas de asistentes se aglutinaron en las escaleras del antro, ejerciendo presión excesiva sobre el barandal de vidrio del tercer piso. La estructura no pudo soportar el peso y cedió repentinamente, provocando una caída mortal de varios metros de altura.
¿Qué penan podrían recibir los responsables?
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Los funcionarios encargados de regular la actividad comercial en San Luis Potosí y los organizadores del evento están en riesgo de ir a la cárcel por la tragedia del antro Rich, donde fallecieron dos jóvenes y 15 más resultaron heridos.
De acuerdo con abogados, esto se debe a la responsabilidad civil, penal y administrativa que pesa sobre ellos por la tragedia, ya que las autoridades no pueden sustraerse de la responsabilidad, argumentando que desconocían la celebración del evento y que no existía permiso.
De entrada, podrían ser juzgados por omisión de un hecho conocido y publicado que durante semanas convocó a los jóvenes, quienes en masa acudieron al lugar de la tragedia. Por lo que podrían ser acusados de homicidio culposo y enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel, además de la indemnización que deberán pagar a las víctimas.
