La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) celebró que tras 18 años del siniestro que provocó la muerte de 65 trabajadores, se hayan recuperado los primeros restos de los mineros, tras ser un tema que quedó fuera de los planes de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de lo acontecido el 19 de febrero de 2006.
Se presume que los restos corresponderían a 13 trabajadores, ya que así está asentado en las bitácoras sobre la cantidad de personas que estaban en esa zona de la mina que pertenecía a Grupo México, del multimillonario Germán Larrea.
Aunque el 4 de abril de 2007 se consiguió el rescate de los cuerpos de Felipe de Jesús Torres Reyna y Manuel Peña Saucedo, la minera ordenó detener los trabajos con al argumento de no poner en riesgo a los rescatistas y la alta probabilidad que el resto de la mina estuviera inundada.
“El anuncio a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Federal de Electricidad indicó que los trabajos de rescate llevaron a la zona superior de donde de acuerdo con las bitácoras de la época se tiene registro que se encontraban 13 de los 63 mineros atrapados en el siniestro y desde ese lugar se ha tenido registro de los hallazgos”.
Piden a Sheinbaum no interrumpir trabajos
La organización de las familias pidieron a las autoridades que la recuperación de los demás cuerpos se haga sin poner en riesgo a los rescatistas, los hallazgos se resguarden de manera adecuada, el uso de la ciencia para la identificación de los restos para dar certeza a las familias afectadas por la tragedia y que su restitución se haga de manera digna.
A pesar de este avance después de tantos años, las familias de Pasta de Conchos continuarán con la vía jurídica que emprendieron desde hace tiempo para que se garantice verdad, justicia y medidas de no repetición, entre ellas medidas de seguridad y bienestar de los mineros y sus familias en toda la zona carbonífera, así como labores de monitoreo e inspección de las minas.
Destacaron que aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está en su último tramo, en la última ocasión que visitó la zona en donde esta la mina, afirmó que si el rescate no se concluía, firmaría un decreto para que la próxima administración contara con los recursos necesarios para terminar las labores.
Ante esta situación, pidieron que el gobierno de Claudia Sheinbaum asuma este compromiso y los trabajos no se detengan.
“El litigio del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa, se encuentra en trámite por la responsabilidad del Estado mexicano al violar los derechos a la vida, integridad, garantías judiciales, protección ante la ley y los derechos económicos, sociales y culturales, en perjuicio de los trabajadores fallecidos en la explosión y sus familiares. Se informará a la CIDH sobre este importante hallazgo, mientras sostienen las exigencias de investigación de los responsables”.
