La sentencia en contra de Genaro García Luna se aplazó por petición de su defensa, por lo que ya no será el 24 de junio cuando se estableciera la cantidad de años que pasará encarcelado, sino hasta el próximo 9 de octubre.
El aplazamiento fue dictado por el juez Brian Cogan, quien llevó el proceso que se le siguió al secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, el exfuncionario fue encontrado culpable de los delitos de conspiración para traficar cocaína y mentir a las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Los abogados de García Luna solicitaron aplazar la sentencia para desahogar tres procesos legales dentro del mismo caso legal en donde se le acusó de estar al servicio de Cártel de Sinaloa, para facilitar sus actividades criminales.
“La sentencia ha sido reagendada para el 9 de octubre de 2024, señala una orden del juez Brian Cogan, que preside el caso, colgada en la página web de la justicia estadounidense”, informó La Jornada.
El abogado César de Castro pidió aplazar la sentencia en contra de su cliente fue en mayo de este año, bajo el argumento que García Luna buscaba que se realzara un nuevo juicio en su contra. Además de que el juez necesitaba más tiempo para evaluar los reportes finales del Departamento de Justicia en referencia a la sentencia.
Y que la defensa estaba totalmente dedicada a sus argumentos respecto a la sentencia que se le dictará al exencargado dela seguridad pública de México.
Recuperan parte de los bienes
En octubre del año pasado, el gobierno mexicano dio a conocer que se recuperaron unos 44 millones de pesos por diversas propiedades que adquirió Genaro García Luna en Estados Unidos, esto una vez que el juez que llevó la demanda presentada por las autoridades mexicanas emitiera la sentencia.
“La juez Lisa Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator reclamados por el gobierno de México, al acreditarse por la parte mexicana que los demandados incurrieron en default (falta) al omitir concurrir al juicio”, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los recursos provienen de la venta de tres inmuebles que fueron liquidados, un departamento en Miami, Florida, con un precio aproximado de 555 mil 800 dólares, que aún estaba en proceso de liquidación, es decir, a México se le debían pagar dos millones 524 mil dólares.
