Por tercera ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR) ha instado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a reconsiderar el criterio mediante el cual se busca modificar la prisión preventiva justificada en beneficio de personas procesadas (sin sentencia) por la presunta comisión de delitos graves, en caso de que el acusado lo solicite mediante un amparo.
Argumentan que la liberación de aproximadamente 60 mil personas procesadas por delitos graves, conforme al Código Penal Federal, podría exponer a la sociedad a graves riesgos, especialmente a víctimas, testigos y servidores públicos involucrados en cada caso.
La FGR enfatizó que es común que los acusados puestos en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o reincidan en la delincuencia, con graves consecuencias.
En un comunicado, la Fiscalía informó el posicionamiento de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), integrada por las 32 fiscalías estatales, solicitando una revisión exhaustiva del tema.
SCJN definirá en en agosto el criterio
El Semanario del Poder Judicial de la Federación publicó un criterio de pleno regional en materia penal y laboral para la región centro-norte, permitiendo a los jueces federales de 18 estados analizar y modificar, según su propio criterio, la prisión preventiva justificada para delitos como corrupción, secuestro, feminicidio, homicidio, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, entre otros.
Este criterio es vinculante para los jueces federales en la Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Querétaro, Durango, Zacatecas, Baja California, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Tlaxcala, Tamaulipas, Nayarit, Chihuahua y Durango.
La FGR subrayó que la “prisión preventiva oficiosa no es excesivamente inclusiva, sino que está limitada a los delitos que protegen los bienes jurídicos de mayor importancia para la sociedad”.
El Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, opina que la SCJN está sobrepasando sus atribuciones al considerar modificar el artículo 19 de la Constitución, argumentando que debería involucrarse el Poder Legislativo en los cambios necesarios.
La propuesta de la SCJN para discutir la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa fue presentada desde el 23 de enero pasado y se espera que sea debatida hasta agosto. Se requieren ocho de los once votos de la SCJN para eliminar esta medida cautelar.
