Las unidades habitacionales de la Ciudad de México recibirán un presupuesto económico anual para fortalecer su mejoramiento y mantenimiento, priorizando las de interés social, como la atención al drenaje, a las instalaciones hidrosanitarias, la iluminación y la seguridad, gracias al decreto que adiciona un numeral 5 al apartado E del artículo 9 de la Constitución Política de la capital.
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó dicho decreto constitucional en materia de derecho a la vivienda y preservación de las unidades habitacionales, que expone que la asignación del dinero en cada ejercicio presupuestal, será determinada de conformidad con las reglas de operación que se emitan.
Con ello, más de 4.5 millones de personas que viven bajo el régimen de propiedad en condominio, podrán llevar a cabo acciones de mantenimiento que no podrían cubrirse con las cuotas vecinales, como trabajos como sustitución la rehabilitación de cisterna, de elevadores, pintura e impermeabilización.
En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, Martí Batres, recordó que las unidades habitacionales comenzaron a desarrollarse hacia mediados del siglo pasado, principalmente, como un beneficio social a trabajadores del Estado y tuvieron un auge mayor después de los sismos de 1985.
Por sus características, dijo, comenzaron a surgir demandas para resolver problemáticas sociales colectivas que fueron atendidas hasta la llegada del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobierno de la capital del país, a través del Programa de Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social (PRUH).
“Y luego vino en el siguiente sexenio, con Marcelo Ebrard, la continuidad del programa, quien se hizo cargo de él fue Clara Brugada, hoy jefa de Gobierno electa, y le puso como nombre “Ollin Callan” al programa y continuó; en la administración que sigue, con Macera, se mantuvo el programa, pero decayó, no fue de sus mejores momentos”, agregó.
Unidades habitacionales, casi la mitad de la población de CDMX
Martí Batres destacó que la Ciudad de México se está aproximando a que la mitad de su población viva en unidades habitacionales, pues relató que la cifra de condominios instalados a los largo de las 16 alcaldías cambió de 3 mil a 11 mil 200, del 2000 al 2024.
Reiteró que los habitantes a pesar del apoyo que se les dará a los inquilinos de las unidades habitacionales, eso no elimina los derechos y obligaciones de los condóminos, “que se tienen que seguir organizando y haciendo sus administraciones y todo, pero sí es un gran apoyo y un respaldo para las unidades habitacionales”.
“Esto quiere decir que pasa al ordenamiento fundamental, ya no es solo un programa, es ahora un derecho y no es un derecho que esté en una ley secundaria, está en la ley fundamental de la Ciudad de México, la Constitución, eso le da protección a este derecho; eso quiere decir que si en el futuro –tocamos madera– hubiera neoliberales, conservadores que quisieran modificar, quitar este derecho, necesitarían dos terceras partes del Congreso para poder quitarlo, lo cual está difícil”, concluyó.
