Una empresa fue favorecida por un dictaminador de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con evaluaciones sencillas, mientras que a sus competidores les estableció requisitos más severos y hasta innecesarios para dejarlos fuera de la competencia.
De acuerdo con la Cofepris, ese esquema de colusión beneficiaba por los menos a una empresa, el hallazgo fue posible tras una supervisión aleatoria, estrategia implementada para evitar que casos como estos ocurran.
“El esquema de colusión favorecía a una empresa con evaluaciones menos estrictas, mientras que a otras se les imponían requisitos excesivos e innecesarios. Cofepris realiza supervisiones aleatorias de los procesos de dictaminación, resoluciones y expedientes emitidos por las unidades administrativas, con el propósito de erradicar actos de corrupción que perjudican directa o indirectamente la salud de la población”.
La supervisión consistió en revisión de expedientes y las resolciones relacionadas con empresas autorizadas que auxilian en el control sanitario, entre ellas laboratorios de prueba y de pruebas de intercambiabilidad de medicamentos.
El análisis determinó que no había igualdad en los criterios de evaluación, así como en la interpretación de los requisitos que se les exigían a la empresa beneficiada y a las afectadas, pues a la primera se le le otorgaron evaluaciones menos rigurosas, mientras que las otras enfrentaron una sobrerregulación injustificada.
“Cofepris corregirá de inmediato las resoluciones relacionadas con empresas auxiliares en el control sanitario y tomará medidas para resolver los problemas que afectaron a otros terceros autorizados. Para combatir la corrupción, se implementaron acciones como la comunicación directa y transparente con la industria y sectores productivos”.
A lo que se suma la digitalización y simplificación administrativa para garantizar transparencia y honestidad, con estricta vigilancia y apego al marco normativo en materia de salud, además de que se han presentado denuncias ante las autoridades correspondientes para que las actividades ilícitas se sancionen.
