La iniciativa que busca frenar el incremento desmedido en el costo de las rentas, fijando el índice inflacionario como límite al aumento anual del monto de las rentas, ya se encuentra en el Congreso de la Ciudad de México, lugar en el que será discutida y –seguramente– aprobada en las siguientes semanas, pero ¿realmente es una solución?, pues la misma podría traer de regreso las rentas congeladas, que estuvieron por décadas en la capital del país.
La iniciativa enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, busca –esencialmente– que el incremento anual no pueda ir más allá de la inflación; implementar un registro digital de contratos de arrendamiento a cargo del Gobierno, que genere certeza jurídica; y establecer la obligación del Gobierno de construir vivienda pública asequible –especialmente en la zona centro– para la población vulnerable, en situación de pobreza y de menores ingresos.
El anunció de la regulación en los costos de las viviendas dividió a la ciudadanía; mientras unos celebraron las próximas reformas en materia de vivienda –debido a que los costos tendrán que bajar para dar acceso a la ciudadanía de menos recursos– otros criticaron la propuesta, pues dijeron que el Gobierno no se puede meter con la inversión privada, debido a que el dueño puede rentar un inmueble en el precio que desee.
Incluso se abordó el regreso de las rentas congeladas, suceso que aconteció en la Ciudad de México durante el siglo pasado. Y es que en 1944 las rentas de viviendas en la zona centro de la capital fueron “congeladas” para aminorar el impacto económico que se vivía en ese tiempo en el país. El beneficio de las rentas congeladas, fue en especial para todas las familias en situación de pobreza, ante la crisis inmobiliaria en la década de los 70.
Sin embargo, en 1990, con la llegada del neoliberalismo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, se levantó el congelamiento de rentas y se normalizó el mercado inmobiliario del centro, pero el daño ya estaba hecho: del medio millón de habitantes que tenía el centro al inicio de los años 50, llegó a su mínimo histórico el año 2000, con apenas 31 mil habitantes.
Deterioro de inmuebles
La renta congelada fue derogada en 2001, el impacto en despoblamiento y deterioro físico del Centro Histórico era notorio; ante la imposibilidad de elevar las rentas, los dueños de los inmuebles dejaron de invertir en su mantenimiento, es decir, durante varios años los inmuebles sufrieron grandes deterioros, que pasaron a afectar durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, cosa que podría pasar con la nueva ley de regulación enviada por Martí Batres.
De acuerdo con el geógrafo de la UNAM, José González Sánchez, gran parte del estado físico ruinoso de amplias zonas del centro de la capital eran inmuebles en arrendamiento bajo el régimen de rentas congeladas, que a lo largo de los años –al modificarse el costo de la vida– el ingreso que obtenían los propietarios no permitía invertir en el mantenimiento de los inmuebles, aunado a que no podían desalojar a los inquilinos, ni vender o cambiar su uso.
Gran parte de los inmuebles destruidos durante los temblores que afectaron a la Ciudad de México en 1985 eran esas vecindades y edificios muy deteriorados, lo que explica el descenso en números absolutos que registró la vivienda en renta entre 1980 y 1990.
Otro de los efectos de la renta congelada, dijo, fue el alejamiento de la inversión privada en vivienda en arrendamiento destinada a sectores de ingresos bajos y medios, incluso se ha sugerido que los decretos eliminaron cualquier proyecto habitacional popular del gran capital y desestimulan a inversionistas menores; esta situación fue resultado de un mayor control público de las rentas y de la existencia de alternativas de inversión más rentables.
Es decir, el régimen de la renta congelada, nacido con la noble y bien fundada finalidad de proteger a los inquilinos de menos recursos de la Ciudad de México contra los abusos de los caseros, terminó a la larga por deteriorar las opciones de vivienda de ese mismo estrato social.
“Precisamente el abuso anterior al decreto por parte de un conjunto particular de propietarios residía en que aumentaban las rentas de casas a las que no les metían un centavo para su mantenimiento. Sabían que si una persona rentaba una vivienda era porque no podía hacerse de una propia, ya fuese al contado o a crédito y se podían hacer aumentos sin ofrecer mejoras en contraparte”, refirió.
“Esto explicaría que al inicio del régimen de la renta congelada éste fue un verdadero alivio para las personas menos favorecidas económicamente, pero el tiempo pasó y sin que importase ya si el propietario cometió o no abusos antes del decreto, los inmuebles se deterioraron lastimosamente hasta volverlos incluso inseguros, como probó el sismo de 1985″, concluyó.
Gentrificación en CDMX
La iniciativa del jefe de Gobierno, Marti Batres, también busca combatir la gentrificación en la Ciudad de México, que ha desplazado a cientos de colonos originarios de su lugar de origen a través de rentas asequibles para la población en situación vulnerable, a los cuales –de acuerdo con el proyecto– se les edificará departamentos en los próximos años.
Dicho problema ha generado: dificultad para habitar en zonas céntricas de la Ciudad; impacto negativo en la vida de las comunidades y barrios; incremento del porcentaje de los ingresos de las familias destinados al pago del arrendamiento; alejamiento de las personas de sus centros de trabajo; y la expulsión de los más pobres de la capital.
Se prevé que al inicio de la Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se pueda dictaminar la iniciativa, que busca traer beneficios en materia de vivienda a la ciudadanía; pero ya veremos si no hay trabas en las comisiones, que se conforman por integrantes de las distintas bancadas del recinto legislativo.
