Giovanna Salem, exsecretaria particular de David Aguilar Romero, actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo demandó por los delitos de acoso sexual y violencia laboral mientras trabajaba para él, por lo que la Secretaria de la Función Pública (SFP) empezó una investigación.
Salem divulgó, a través de su cuenta de X, las acusaciones necesarias para mantener su denuncia por dichos delitos contra Aguilar Romero, con quien mantenía un vínculo profesional como su secretaria particular.
La primera acusación se remonta a septiembre de 2011, cuando la revista Proceso publicó un artículo sobre Aguilar Romero y presuntos actos de corrupción. Salem relató que se ordenó hacer lo necesario para evitar la exposición de la noticia: “El día que salió el artículo de dicha revista, mandó a comprar todos los ejemplares en León para evitar se propagara la noticia”.
Además, mencionó que también existieron acusaciones de abuso sexual cuando se desempeñaba como director de área y Ricardo Sheffield como alcalde de León. Salem incluyó las fotos y evidencias de presuntas extorsiones realizadas por el círculo íntimo de Aguilar Romero dentro de la Profeco. Una de las mencionadas por Salem fue Diana Piedra, Coordinadora General en Profeco y con quien David ha mantenido, presuntamente, una relación extramarital por 10 años.
Salem reveló las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde reconoció las insinuaciones sexuales y mensajes violentos de Aguilar Romero mientras trabajaba como su secretaria particular: “Lo he denunciado ante la FGR (...) pero se dio la orden para que no obtenga justicia”.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la denuncia de Salem, la cual fue publicada en abril de 2024. En esta queja de la CNDH, añadió que la diagnosticaron con estrés postraumático por violencia de género.
Aclaración del Procurador Federal del Consumidor
La defensa legal del titular de la Profeco, en petición de derecho de réplica, aclaró que:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el ámbito de sus atribuciones, llevó a cabo una investigación por la “supuesta presión y acoso” materia de la queja referida, como resultado de esta la CNDH, mediante resolución del 28 de junio del 2024, consideró que:
“Del análisis practicado al escrito y de la evidencia obtenida, se advirtió que no existen elementos que acrediten violaciones a los derechos humanos, aunado a su negativa expresa a someterse a la prueba pericial en psicología ante este Organismo Nacional...”
Con base en su investigación, la CNDH determinó la conclusión del asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 125 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Respecto a la supuesta investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se precisa que, nuestro representado no ha sido notificado del la existencia de esta; sin embargo, se encuentra en disposición de colaborar con dicha autoridad o cualquier otra que lo pudiera requerir, dado que siempre se ha conducido en apego a la ley. Cabe aclarar que el Dr. David Aguilar atendió las diligencias solicitadas por la CNDH y, por consiguiente, procederá de igual manera en caso de ser requerido por la SFP.
Sobre los señalamientos consistente en que, el Dr. David Aguilar Romero “utiliza a parte del equipo jurídico de la dependencia para preparar su defensa legal”, me permito precisar que, dicho señalamiento es falso. El Dr. David Aguilar Romero, a título particular, contrató los servicios de un despacho privado de abogados, para atender desde el punto de vista legal el presente caso.
Es importante señalar que, estas falsas imputaciones, tienen como antecedente que, en el mes de marzo de este año, la ex servidora pública, exigió que se le asignara un puesto de dirección en PROFECO, para el cual no cumplía con el perfil requerido y en caso de no acceder a su pretensión, amenazó expresamente a nuestro representado, con iniciar en redes sociales, una campaña de desprestigio en su contra, en las que, afirma haber sufrió actos de hostigamiento, acoso sexual, amenazas y violencia laboral institucionalizada, hasta hacerla perder su empleo, exhibiendo intencionalmente, información editada, sesgada, descontextualizada e inclusive falsa. Estas conductas, se han hecho del conocimiento de las autoridades competentes, las que, en el ámbito de sus atribuciones, resolverá lo que a derecho corresponda.
