El paro de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que comenzó este lunes 19 de agosto de 2024, ha generado incertidumbre entre los ciudadanos que tienen procesos legales en curso. Sin embargo, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) aseguró que continuará brindando atención a las personas usuarias de sus servicios a pesar de la suspensión de actividades en otros órganos jurisdiccionales federales.
En un comunicado, el IFDP expresó su apoyo a las manifestaciones de los trabajadores del PJF, quienes se oponen a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, según los críticos, pone en riesgo la independencia judicial al buscar que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por votación popular en lugar de ser nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. No obstante, la Defensoría Pública subrayó que su prioridad es garantizar el acceso a la justicia para las personas que más lo necesitan, por lo que no suspenderá sus actividades.
¿Por qué hay un paro de labores en el Poder Judicial?
El paro nacional de labores del PJF inició con el cierre de varias sedes judiciales en todo el país. Desde ese momento, sólo se están atendiendo casos urgentes a través de sesiones virtuales. Esta medida responde al rechazo generalizado de jueces, magistrados y trabajadores del PJF a la reforma judicial, que además de afectar la independencia judicial, también elimina fideicomisos clave para los trabajadores del Poder Judicial.
A pesar de la suspensión de actividades en los tribunales, el IFDP ha garantizado la continuidad de sus servicios. En su boletín de prensa número 22/2024, la institución reafirmó su compromiso de brindar asesoría jurídica en materia penal, administrativa, laboral, civil y mercantil, tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales. Asimismo, destacó que las personas usuarias pueden seguir accediendo a sus servicios mediante la línea de atención telefónica y el portal en línea.
El Instituto expresó su preocupación por los efectos que la reforma podría tener en el acceso a la justicia, particularmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. En su comunicado, subrayaron que el proceso de selección y permanencia de jueces y magistrados no debe estar sujeto a promesas de campaña ni a la popularidad de sus resoluciones. A pesar de su postura crítica hacia la reforma, el IFDP aseguró que su operación no se verá afectada por el paro, permitiendo que los ciudadanos continúen recibiendo la asesoría y representación legal que requieren.
Escalada del conflicto
El conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo ha escalado en las últimas semanas. Desde que el presidente López Obrador presentó la reforma judicial el 5 de febrero de 2024, los trabajadores del PJF han manifestado su rechazo a lo que consideran un ataque directo a la independencia judicial. El 13 de agosto de 2024, se realizaron manifestaciones frente al Palacio de Justicia en San Lázaro, donde jueces y magistrados expresaron su descontento. Finalmente, el 19 de agosto de 2024, comenzó el paro de labores, que podría extenderse en los próximos días.
La reforma propuesta también ha generado descontento debido a la eliminación de fideicomisos que garantizan beneficios para los trabajadores del PJF. Esta medida ha sido percibida como un ataque directo a sus condiciones laborales y derechos adquiridos, aumentando la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
¿Qué es lo que sigue para el proceso de la reforma judicial?
El futuro de la reforma judicial sigue siendo incierto. El 26 de agosto de 2024, se espera que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discuta el dictamen de la reforma, en medio de la presión tanto de los trabajadores del PJF como de la sociedad civil.
“La base trabajadora conformada por más de 55,000 personas hemos intentado por diversos medios agotar la vía del diálogo, para exponer las razones por las cuales la reforma judicial, en los términos propuestos, es nociva y no resuelve los problemas de justicia en México, sin que se nos haya permitido el acceso a los foros y mucho menos escuchado, se advierte del dictamen publicado que se discutirá, según informes del Poder Legislativo, el 26 de agosto siguiente”.
