La directora de análisis económico en Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller, advirtió que la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría reducir la calificación crediticia de México si se aprueba en su forma actual. De acuerdo con Siller, esta reducción en la calificación podría tener efectos negativos en el crecimiento económico del país.
Una disminución en la calificación crediticia resultaría en mayores costos de financiamiento para el gobierno, dado que los inversionistas exigirían rendimientos más altos para compensar el riesgo percibido. En caso de ocurrir, esto podría desacelerar la inversión en infraestructura y otros proyectos clave, afectando el crecimiento económico en un contexto en que México aún se recupera de los efectos de la pandemia de Covid-19 y enfrenta desafíos globales como la inflación y el aumento en las tasas de interés.
La preocupación de Siller surge principalmente por los cambios propuestos en la independencia del Poder Judicial, que podrían generar una percepción de mayor riesgo y afectar la confianza en la imparcialidad del sistema judicial, ya que las agencias calificadoras consideran estos factores al evaluar la solidez crediticia de un país.
“Si la reforma al Poder Judicial se aprueba como está propuesta, podría llevar a recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, pues frenaría el crecimiento económico”
— Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero BASE
Incluso, el tipo de cambio subió un 0.53% a 18.7319 pesos por dólar, en respuesta a la propuesta de dictamen de la Reforma al Poder Judicial, mientras que CIBanco estimó que el tipo de cambio podría fluctuar entre 18.40 y 19.15 pesos por dólar durante la semana.
La reforma que paralizó al Poder Judicial
Este 19 de agosto de 2024 comenzó un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) en respuesta a la reforma propuesta. Este paro resultó en la suspensión de actividades en diversas sedes judiciales, aumentando la tensión política y social en el país. No obstante, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ha garantizado la continuidad de sus servicios para asegurar la asistencia jurídica a quienes lo requieren.
Por su parte, despachos de abogados —como AJB— han expresado preocupaciones sobre la reforma, señalando que podría amenazar la independencia judicial y agravar la inseguridad y la violencia en México. Según su análisis, la elección de jueces por voto popular podría exponer a candidatos y jueces a la influencia de grupos criminales, que podrían intentar manipular los resultados para obtener fallos favorables. AJB también criticó que la reforma centraliza el control de los jueces en manos del poder político, lo que podría poner en peligro la división de poderes y la imparcialidad judicial, pilares fundamentales para la democracia.
“La reforma al Poder Judicial, sin duda es necesaria, pero es indispensable que se logre a partir de considerar en el consenso y el respeto de logro de la división de poderes, en aras de concretar la pretensión de la independencia y la garantía de imparcialidad judicial como requisito necesario e indispensable para aquellas personas que imparten justicia”
— Despacho de abogados AJB
Una reforma con más de 100 cambios
Por otro lado, el oficialismo defiende la reforma argumentando que busca fortalecer el sistema judicial a través de la creación de órganos evaluatorios y la implementación de evaluaciones dobles para jueces, magistrados y ministros. Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que la reforma incluye más de 100 cambios a la propuesta original con el objetivo de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial.
A pesar de las críticas, el diputado Ignacio Mier Velazco ha afirmado que se tomaron en cuenta las preocupaciones de los trabajadores del Poder Judicial, quienes temían por la protección de sus derechos adquiridos. En respuesta, dijo, se ha incluido un artículo transitorio que garantiza explícitamente que no se vulnerarán sus derechos laborales.
