Ulises Lara, coordinador general de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no podía ejecutar la orden de aprehensión que se pretendía concretar en contra de Javier Corral, senador electo, acusado de peculado cuando fue gobernador de esa entidad, ya que no integra el convenio que firmaron las fiscalías para operar en otras jurisdicciones.
Afirmó que lo anterior les fue notificado por la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de su Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el convenio se estableció entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012.
Añadió que en varias leyes estatales se establece que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua es independiente de su funcionamiento y decisiones para la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción, por lo que no puede aplicar los mecanismos de colaboración recíproca.
“De dichos fundamentos jurídicos y no políticos, se desprende entonces que la ejecución de dicha diligencia de cumplimiento de orden de aprehensión era totalmente ilegal. Esta Fiscalía General de Justicia inició una investigación en la que participan la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos; determiné dar vista a la FGR para lo que conforme a derecho proceda”, destacó.
Agentes de Chihuahua “se adelantaron”
En su mensaje, Ulises Lara afirmó que desde el lunes 12 de agosto, es decir, dos días antes de que se pretendiera detener a Corral, agentes de la Fiscalía anticorrupción ya realizaban labores de investigación desde antes de que se presentara la solicitud formal de colaboración, en la cual se pedía autorizar el ingreso de los agentes de aquella entidad pos siete días hábiles a partir del 14 de agosto, acción a la que calificó como estar al margen de la ley.
“No sólo se pretendió ejecutar un mandamiento judicial sin tener autorización ni jurisdicción, sino que se le dio seguimiento a la persona requerida sin contar con una autorización oficial para hacerlo. Prueba de ello es que ya se le tenía localizada a la persona, desde antes de que fuera presentada la solicitud de colaboración”.
Lara expuso que esa maniobra fue con intenciones políticas y no jurídicas, ya que se realizó un día ates de que se le entregara la constancia de mayoría como presidenta electa a Claudia Sheinbaum, quien no ha descartado a Corral para su equipo de gobierno.
También cuestionó que los videos dentro del restaurante se le hayan filtrado el periodista Ciro Gómez Leyva, junto con el documento interno de la fiscalía capitalina “con el que se intentó engañar a la opinión pública, haciéndolo ver como el oficio de colaboración con el que se autorizaba la diligencia”.
Afirmó que los videos difundidos en medios de comunicación fueron editados con el objetivo de favorecer a la fiscalía chihuahuense, además de acusar a Lara de acudir al “rescate” de Corral e impedir la acción de la justicia.
“Solicitaremos en su momento que dichos materiales sean incorporados, íntegros y sin edición, a la investigación, para que se conozca completa la realidad de los hechos. Dolosamente el Fiscal Anticorrupción de ese Estado se ha empeñado en asegurar que todo su actuar y el de su personal, fue en el marco de la Ley, lo que este día estamos sustentando con argumentos jurídicos que no fue así”.
