El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) expresó su preocupación por la reciente aprobación del dictamen de simplificación orgánica por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y solicita a los legisladores un espacio de diálogo para abordar las implicaciones de esta reforma en la garantía de los derechos sociales de los mexicanos.
Por medio de un documento expresó su postura ante el avance de la eliminación de sus funciones y alerta que la reforma pone en riesgo la medición de la pobreza al fusionar al Coneval con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Precisa que esta integración podría afectar la capacidad del Estado para luchar contra la pobreza y promover los derechos sociales, ya que el Inegi no posee las capacidades ni el modelo de gobernanza necesarios para las funciones especializadas del Coneval.
Específicamente resalta que el Inegi es “un órgano autónomo constitucional que levanta información estadística de gran calidad, pero no realiza análisis ni cuenta con las capacidades ni el modelo de gobernanza necesarios para realizar las funciones diferenciadas y especializadas”.
Recordó que tras casi dos décadas operando, el Coneval ha sido fundamental para ofrecer diagnósticos rigurosos sobre el estado del desarrollo social en México, y su función ha sido clave en la creación de mapas de ruta para la mejora de la política social y el combate a la pobreza, mediante la generación de evidencia robusta.
En su posicionamiento el Coneval destaca que el modelo de gobernanza diseñado por la Ley General de Desarrollo Social, se basa en una estructura descentralizada que garantiza independencia técnica y rigor metodológico.
Este modelo incluye un cuerpo colegiado de académicos y un secretario ejecutivo, seleccionados de manera que se asegura la calidad y credibilidad de los análisis y recomendaciones del Consejo.
Entre las funciones críticas del Coneval se encuentran la generación de metodologías para medir la pobreza multidimensional, la construcción de evaluaciones externas y el monitoreo de programas sociales.
Por ello la separación de funciones entre el órgano encargado de recolectar información estadística (Inegi) y el encargado de diseñar y actualizar metodologías (Coneval) ha sido clave para asegurar la confiabilidad y transparencia en la medición de la pobreza.
Además destaca que, desde 2019, se ha alineado con los principios de la Ley Federal de Austeridad Republicana, manteniendo un bajo costo operativo y contribuyendo a una administración eficiente del gasto social.
De este modo, Coneval alerta que la reforma propuesta, podría llevar a una mayor desvinculación y fragmentación de la administración pública.
Por ello el Consejo hace un llamado a los legisladores para abrir un espacio de comunicación y retroalimentación antes de avanzar en la discusión de esta reforma legislativa, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de los derechos sociales en México.
