La jueza Quinto de Distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó una suspensión provisional para que la reforma al Poder Judicial, iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se discuta en la Cámara de Diputados.
La reforma judicial causó un revuelo internacional llamando la atención de Estados Unidos y Canadá. Dentro del territorio mexicano, estudiantes, empleados del Poder Judicial, jueces y magistrados se han manifestado en diferentes ocasiones y se prevé que este 1 de septiembre se lleve a acabo la Marcha Nacional “La justicia no se vota”, la cual iniciará a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia con dirección al Senado de la República.
Frenan Reforma Judicial
Dicha suspensión solicita que el dictamen de la Reforma Judicial “no sea sujeto de discusión ni votación por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, según se lee en el documento legal emitido en Cuernavaca, Morelos. La suspensión aprobada por la jueza proporciona tiempo para que la Corte analice su validez en el marco constitucional.
Congresos estatales no podrán revisar Reforma Judicial
Por otro lado, un segundo documento emitido por cuatro jueces en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, impide a los Congresos locales aprobar la reforma judicial una vez que esta obtenga la aprobación en la Cámara de Diputados. Este amparo se basa en la necesidad de analizar posibles violaciones constitucionales antes de que la reforma sea considerada por los legisladores estatales.
“En el caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional que constituye la raíz del acto reclamado, se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva”, manifiesta el documento.
El amparo emitido en Chiapas detiene temporalmente el proceso legislativo en los Congresos estatales, lo que añade una capa de complejidad al avance de la reforma judicial. Esta medida tiene el objetivo de asegurar que se evalúen adecuadamente las posibles implicaciones constitucionales antes de que los legisladores estatales tomen una decisión sobre el proyecto de ley.
