Como parte de su defensa ante la posible extinción del organismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recordó a los mexicanos la controversia en torno al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) que puso en riesgo la vulneración de la información biométrica de millones de personas.
Asimismo, el comunicado del instituto se emitió el mismo día en que la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial que cambia el proceso de elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual previamente respaldó al INAI en la impugnación del registro del Panaut. Aún falta que la reforma sea aprobada por el Senado y los congresos locales para entrar en vigor.
“¿Te imaginas tener que proporcionar a una base de datos del gobierno tus huellas dactilares o el registro del iris de tus ojos para tener un servicio de telefonía? Eso pretendía el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como Panaut”, reza el documento enviado por el instituto este miércoles 4 de septiembre.
Panaut, el registro inconstitucional que atentaba contra los derechos humanos
En abril de 2021, el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, creando el Panaut. Esta reforma obligaba a los usuarios de telefonía móvil en México a registrar sus datos biométricos, como huellas dactilares y registros de iris, para acceder o mantener el servicio, esto con el objetivo de facilitar la lucha contra delitos de alto impacto mediante el acceso de las autoridades a una base de datos biométricos.
El 13 de mayo de 2021, el INAI reaccionó presentando una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. El instituto argumentó que el Panaut violaba los derechos a la privacidad y protección de datos personales, tanto en la Constitución mexicana como en tratados internacionales suscritos por México; además, señaló que la medida era desproporcionada y no garantizaba una adecuada protección de los datos de los ciudadanos.
“El INAI, responsable de garantizar el derecho a la protección de datos personales, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el máximo tribunal constitucional determinará si el Panaut vulneraba o no derechos humanos”
— Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Casi un año después, el 25 de abril de 2022, la SCJN falló a favor del INAI, declarando inconstitucional el padrón. La Corte argumentó que obligar de manera generalizada a recabar y conservar información privada e íntima, como los datos personales de los usuarios de telefonía móvil, infringía desproporcionadamente los derechos fundamentales a la privacidad y protección de datos. Este fallo invalidó todo el sistema normativo que sustentaba el Panaut.
La SCJN publicó su decisión en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo que las declaratorias de invalidez surtirían efecto tras notificar al Congreso de la Unión los puntos resolutivos de la sentencia. Esto impidió la implementación del Panaut y eximió a los ciudadanos de proporcionar sus datos biométricos para obtener o mantener servicios de telefonía móvil.
Instituciones bajo la mira del gobierno
Con el caso del Panaut, el INAI busca resalta el papel de los organismos autónomos en la defensa de los derechos fundamentales en México, los cuales enfrentan ahora un posible desmantelamiento, después de que —en agosto de 2024— la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general un proyecto de decreto que propone la eliminación de varios de ellos, incluyendo el INAI. Esta iniciativa fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024.
El dictamen aprobado por la Comisión plantea la eliminación de al menos siete organismos autónomos: el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre otros. La votación en la Comisión resultó en 22 votos a favor y 17 en contra. Se espera que el proyecto sea discutido en el pleno del Congreso en este inicio del periodo ordinario, que arrancó el pasado 1 de septiembre de 2024.
El principal argumento para la eliminación de estos organismos es la “simplificación orgánica” y la centralización de funciones en dependencias del gobierno federal. Según el dictamen, las funciones del INAI serían transferidas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), al órgano de control y disciplina del Poder Judicial, a las contralorías del Congreso de la Unión y a los órganos de control de los organismos autónomos que permanezcan.
Por su parte, la SCJN también enfrenta reformas que podrían alterar su estructura y operación. La propuesta de reforma judicial, presentada en febrero de 2024, incluye la reducción del número de ministros de 11 a 9 y la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros, y además, se propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la eliminación de las dos salas actuales de la Corte.
