La reciente reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para trasladar el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha generado una ola de preocupaciones a nivel internacional, pues esta medida, que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y ahora se someterá a votación en el Senado de la República, llamó la atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advierte sobre los riesgos potenciales de abusos contra los derechos humanos en el país.
¿Qué opina la ONU sobre la reforma a la Guardia Nacional?
A través de un comunicado oficial, la ONU expresó su inquietud ante la posibilidad de que esta reforma incremente la incidencia de prácticas como la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Los expertos de la organización señalan que, en los últimos años, México ha ido incrementando de manera progresiva el papel de las Fuerzas Armadas en su modelo de seguridad interior.
De acuerdo con los expertos de la ONU, este fenómeno se ha manifestado a través de diversas políticas públicas y reformas legislativas que han ampliado el alcance de la intervención militar en cuestiones de seguridad pública. La propuesta de reforma constitucional no solo sometería a los miembros de la GN a la jurisdicción militar, sino que también elevaría a rango constitucional la facultad de esta fuerza para participar en actividades de investigación criminal.
ONU pide enfoque de seguridad centrado en los mexicanos
Los especialistas de la ONU consideran que estas medidas, lejos de fortalecer la seguridad, pueden comprometer aún más el respeto a los derechos humanos, al ampliar el poder de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, más allá de lo relacionado estrictamente con la disciplina militar.
Ante este panorama, la ONU subrayó la importancia de que la GN dependa de instituciones civiles, promoviendo un enfoque de seguridad centrado en los ciudadanos. También enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la eficacia de las fuerzas de seguridad y la protección de los derechos humanos.
Además, la organización aseguró que se mantiene en contacto con las autoridades mexicanas, ofreciendo su cooperación y asistencia técnica, comprometiéndose a trabajar en conjunto con el gobierno de México para asegurar que se respeten los derechos de las víctimas y que se lleven a cabo investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas, en línea con el derecho internacional de los derechos humanos.