La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido los recursos legales presentados por Grupo Elektra, derivados de sentencias emitidas por tribunales colegiados, en relación con evidentes vicios de inconstitucionalidad.
Estos recursos, interpuestos en 2008 y 2013, fueron aceptados no por las razones mencionadas en declaraciones recientes, sino porque se enmarcan dentro del ejercicio legítimo de los derechos de la empresa como contribuyente y abordan cuestiones de interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos.
La Corte subrayó que persisten elementos que requieren un análisis exhaustivo, reforzando la necesidad de una revisión imparcial y completa del caso, incluyendo los abusos denunciados por la autoridad tributaria.
Un comunicado del Grupo Salinas aclara que los recursos no fueron admitidos por las razones expresadas en conferencias presidenciales, sino debido a la inconstitucionalidad de las resoluciones previas y su fundamento en derechos legítimos de la empresa.
En el documento, la compañía destaca que los ministros están obligados a llevar a cabo un análisis imparcial y exhaustivo, considerando todas las posturas relevantes en el proceso, incluida la del magistrado Fernando Silva García, quien ha denunciado abusos por parte de la autoridad tributaria, incluyendo el doble cobro de impuestos, en violación al principio constitucional de proporcionalidad tributaria.
Grupo Salinas enfatiza la importancia de que se respete este análisis, dado que involucra derechos fundamentales en el ámbito fiscal y de derechos humanos.
Además, el texto menciona lo que la empresa considera ataques sistemáticos por parte del presidente hacia la Suprema Corte, señalando que ha habido información imprecisa e incluso falsa sobre los recursos interpuestos por Grupo Salinas.
Manifiesta su convicción de que su postura está fundamentada en la ética y el derecho, y confía en un Estado de Derecho que garantice la resolución de sus asuntos de acuerdo con los principios de autonomía e independencia judicial, sin linchamientos públicos ni presiones políticas.
