Los departamentos reconstruidos por el Gobierno tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 podrán ser puestos en renta, luego de que las Comisiones Unidas de Vivienda y de Gobierno y Políticas Públicas del Congreso capitalino aprobaron la reforma a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, a iniciativa del jefe de Gobierno, Martí Batres.
La modificación normativa se aplicó al artículo 26 de la citada ley, que se refiere a la redensificación de los inmuebles multifamiliares que fueron intervenidos a causa del sismo de 2017, para permitir que los departamentos producto de la redensificación, que no han podido ser comercializados, puedan ser utilizados, en tanto se consolida la venta.
De acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), alrededor de 80 mil personas son expulsadas al año de la capital por la falta de vivienda accesible a sus ingresos, mismos que son inferiores a 15 mil pesos mensuales, mientras que el costo promedio de renta es de 25 mil 615 pesos.
Por ello se pretende “alentar las viviendas en renta asequibles para las mayorías y mejorar las condiciones de vida para todas y todos los habitantes de la ciudad”, en este sentido, se busca beneficiar a todos aquellos que no encuentran opciones de renta, o que viven en zonas alejadas de sus centros de trabajo, sostiene el documento aprobado.
De acuerdo con la propuesta de la jefatura de Gobierno, las rentas han aumentado entre el 2013 y 2018 hasta ocho veces más que el salario mínimo, situación que ha producido fenómenos socioeconómicos como el incremento del porcentaje de los ingresos que los hogares destinan al pago del arrendamiento y el desplazamiento de miles de personas que han tenido que salir de sus lugares tradicionales de vida hacia zonas cada vez más lejanas de la ciudad.
La iniciativa expone que la redensificación es concebida como un recurso público no inherente a la propiedad afectada y reconstruida con recursos públicos o privados y ha permitido un mejor aprovechamiento del suelo, pues supone que en el caso de que las personas damnificadas decidan ceder un porcentaje igual de superficie edificable que les corresponde, se construyan viviendas adicionales.
