Ricardo Márquez Blas, responsable de la Coordinación de Fortalecimiento Institucional, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue detenido tras ser acusado de abuso sexual por una trabajadora de la Corte, denuncia que presentó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
De acuerdo con las autoridades, el presunto abuso se cometió en agosto, por lo que los detectives de la fiscalía capitalina procedieron a la detención del que fue colaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.
“Ministerios Públicos de la Fiscalía de Delitos Sexuales, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, obtuvieron una orden de aprehensión contra el imputado, siendo los elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a dicha área, quienes desplegaron trabajos de campo y gabinete que derivaron en la localización del individuo”.
Luego de su detención y evaluación médica, se le trasladó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde fue puesto a disposición del juez que lo requirió.
“Las indagatorias refieren que el ahora aprehendido probablemente realizó tocamientos catalogados como abuso sexual en agravio de una mujer”.
Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura se concretó en la calle Pino Suárez en su cruce con República de Uruguay a las 18:14 horas, a tan solo una cuadra de la sede de la Suprema Corte.
Corte investiga acusación contra Ricardo Márquez
Márquez Blas es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas, la que concluyó en 1989. En la administración pública federal se ha desempeñado como titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública, en el gobierno de Felipe Calderón, cuando García Luna era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Respecto a este caso, la SCJN afirmó que Márquez Blas trabaja ahí, pero que está bajo proceso de investigación por sus organismos internos desde que se supo de la denuncia que se interpuso en su contra.
“Se encuentra en un proceso de investigación de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), por una denuncia interna en su contra. Todas las medidas cautelares que determinó UGIRA se acataron desde el primer minuto que las ordenó”.
Y añadió: “El Alto tribunal refrenda su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género, así como con el principio de presunción de inocencia”.
