A Ricardo Márquez Blas, coordinador de Fortalecimiento Institucional, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se le dictó la prisión preventiva justificada, esto un día después de su detención en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, ya que se le acusó de abuso sexual agravado contra una mujer que trabajaba con él.
Durante la audiencia de cumplimiento por orden de aprehensión, la cual se realizó en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, se encargó de realizar la imputación ante el juez de control.
Los abogados de Márquez Blas solicitaron la duplicidad del termino constitucional de tres días para la siguiente audiencia, en la que se avanzará para determinar su situación jurídica respecto al abuso sexual, el cual presuntamente se realizó el 12 de agosto en las oficinas del funcionario, quien trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública, cuando su titular fue Genaro García Luna.
El juez aceptó la petición de la defensa del funcionario de la SCJN, la siguiente audiencia se realizará el próximo lunes, mientras llega ese fecha, permanecerá detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.
Ricardo Márquez Blas detenido a pocos metro de la SCJN
La detención de Ricardo Márquez ocurrió tan solo a una cuadra del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la a venida Pino Suárez, cuando los agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México lo interceptaron y le notificaron del mandato judicial en su contra.
De acuerdo con la denuncia, la mujer agredida expuso que Márquez Blas era su superior jerárquico, quien le hizo tocamientos sin que ella los consintiera, por lo que se catalogan como abuso sexual.
Sobre este caso, la SCJN manifestó que desde que se denunció el presunto abuso, los mecanismos de investigación internos se activaron para determinar su responsabilidad.
“Se encuentra en un proceso de investigación de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), por una denuncia interna en su contra. El Alto Tribunal refrenda su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género, así como con el principio de presunción de inocencia”.
