Después del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez por dos jóvenes en motocicleta, el pasado domingo 20 de octubre, las últimas investigaciones demostraron las existentes amenazas en contra del activista, las cuales reconoció en más de una ocasión buscando protección del gobierno mexicano.
ONU protegía al sacerdote Marcelo Pérez como beneficiario
El crimen sucedió después de una misa y en su traslado hacia la iglesia de Guadalupe. El sacerdores colaboraba como activista con la comunidad de indígenas tzotziles y las defensa de los derechos humanos.
“Desde 2015, el Padre Marcelo era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al riesgo constante que enfrentaba su vida e integridad personal por su labor en defensa de los derechos humanos en Simojovel y otros lugares de Chiapas”, reconoció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Cabe destacar que los indígenes tzotziles de Chiapas mantiene un constante diálogo con el Estado Mexicano por la marginación y la insuficiencia de necesidades básicas en la comunidad. Por otro lado, la delincuencia organizada amenaza constantemente con extorsiones para el dominio territorial.
Grupos delictivos le pusieron “precio a su cabeza”
Por su constante luchas en las comunidades chiapanecas, el padre Marcelo Pérez fue amenazado constantemente por el grupo de autodefensa “Los Machetes y el grupo delictivo “Los Herrera”. El sacerdote intervino en el año 2021 entre los secuestros y las desapariciones de ambos grupos.
Tanto las autoridades eclesiásticas como los compañeros activistas del padre Marcelo denunciaron el rechazo de las autoridad al ignorar las amenazas de muerte. En 2021, el sacerdote prefirió realizar un traslado a la Parroquia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, lugar donde falleció.
En entrevistas anteriores, reconoció las intimidaciones a otras autoridades católicas y las llamadas telefónicas en contra de su persona.
