El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para evitar una crisis constitucional ante la elección judicial de 2025 hace una revisión exhaustiva de la reforma judicial aprobada el 15 de septiembre de 2024, una modificación que introduce cambios profundos en la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial del país.
Esta reforma, entre otras cosas, promueve la elección de jueces y magistrados a través del voto popular, una medida que ha generado debates y cuestionamientos sobre el impacto que podría tener en la imparcialidad de la justicia y en la autonomía judicial.
La propuesta del ministro González Alcántara busca aclarar y corregir ciertos aspectos de la reforma. A través de su proyecto, se recomienda invalidar algunas disposiciones y mantener otras, con el fin de preservar principios fundamentales de la justicia, como la imparcialidad, la independencia y el respeto a la estructura federal.
10 puntos clave de la propuesta del ministro sobre la Reforma Judicial
La sentencia del ministro González Alcántara destaca los puntos clave para proteger la independencia judicial y transparencia en la reforma mexicana.
Principio de deferencia y autocontención
El proyecto se fundamenta en el principio de deferencia, respetando la elección popular de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, destaca que esta decisión debe preservarse con cautela para proteger la imparcialidad judicial.
Elección popular de altos cargos judiciales
Se mantiene la propuesta de elección popular para ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin embargo, el proyecto cuestiona si la elección popular es adecuada para todos los puestos judiciales.
Invalidez para jueces y magistrados de menor rango
El proyecto invalida la elección popular de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, al considerar que este método podría interferir con la imparcialidad de estos cargos, ya que los jueces deben estar desligados de presiones políticas y populares.
Remuneraciones y reducción salarial
Se establece que la reducción salarial no aplicará a los jueces y magistrados en funciones, pero sí a quienes ocupen estos cargos en el futuro. Esto busca proteger los derechos laborales de los actuales jueces y magistrados.
Limitación de fondos y topes salariales
El proyecto mantiene los topes salariales y la extinción de fondos y fideicomisos en el Poder Judicial, alineándose con las políticas de austeridad propuestas en la reforma.
Federalismo en el régimen para entidades federativas
Se plantea invalidar la imposición de un régimen judicial único para los estados. Según el proyecto, exigir a las entidades federativas que adopten un sistema judicial idéntico al federal va en contra del principio de federalismo y de la autonomía local.
Restricciones al Tribunal de Disciplina
Algunas de las facultades del Tribunal de Disciplina se limitan, incluyendo la invalidez de su capacidad para emitir resoluciones inatacables. Este cambio asegura que sus decisiones puedan ser cuestionadas, protegiendo el derecho de defensa.
Validez de los plazos en materias penal y tributaria
El proyecto considera que los plazos establecidos en la reforma para resolver asuntos en materia penal y tributaria son válidos, en cumplimiento con el derecho a una justicia rápida y expedita.
Remoción de jueces y magistrados
Se invalidan los artículos transitorios que proponían la remoción automática de jueces y magistrados en funciones, protegiendo así la estabilidad de los funcionarios judiciales actuales.
Invalidación de “jueces sin rostro”
La propuesta de la reforma que buscaba implementar “jueces sin rostro” en casos de alto riesgo es invalidada, al considerar que va en contra del derecho a un juicio transparente y del debido proceso.
