La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, en el que amplia el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta lista incluye ahora, además de los delitos ya contemplados, nuevos ilícitos relacionados con problemas de seguridad y control fiscal.
En el dictamen se indica que la prisión preventiva oficiosa constituye un instrumento que, al restringir precautoriamente la libertad de los probables infractores, coadyuva tanto al control a la criminalidad, como a la investigación de los delitos y fortalecimiento de la paz y el orden social.
Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
- Extorsión: Cuando una persona busca obtener un beneficio mediante amenazas o coerción hacia otra persona o grupo.
- Narcomenudeo: Relacionado con la venta y distribución de drogas a pequeña escala.
- Actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas: Incluye la fabricación, distribución y comercialización de estas sustancias peligrosas.
- Defraudación fiscal: Engaños u omisiones con el fin de evitar el pago de impuestos.
- Contrabando: Introducción o exportación de mercancías sin cumplir las normativas legales.
- Emisión de comprobantes fiscales falsos: Actividades fraudulentas relacionadas con la generación de facturas o comprobantes fiscales para evadir impuestos.
Jueces podrán aplicar prisión oficiosa
El dictamen, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, menciona en los artículos transitorios que, a partir de la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan ha contenido, previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento de carácter administrativo.
El Congreso de la Unión tiene un plazo de 80 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con el contenido de este decreto.
Esta reforma busca otorgar a los jueces la facultad de aplicar prisión preventiva de manera obligatoria en estos casos, evitando interpretaciones amplias de la ley que puedan modificar o reducir la aplicación de la medida.
