La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa. La propuesta, que modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, fue avalada con 335 votos a favor, 108 en contra y ninguna abstención. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.
Entre las nuevas conductas que implicarán prisión directa por parte de los jueces se incluyen la extorsión, la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, la distribución de precursores químicos, el contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos. La reforma excluye delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal.
Catálogo de delitos graves
La reforma establece que el juez deberá dictar prisión preventiva oficiosa en casos de extorsión y de delitos relacionados con la introducción ilegal, desvío, producción, enajenación, adquisición, importación, exportación, transporte, almacenamiento y distribución de precursores químicos, sustancias esenciales, drogas sintéticas y derivados.
Este catálogo de delitos graves o conductas antijurídicas atípicas son, entre otros, la violación, el abuso sexual contra menores, el feminicidio, la extorsión, el robo en carreteras en cualquiera de sus modalidades, el robo y asalto a casas habitación, la desaparición forzada, la trata de personas, el uso de armas y explosivos exclusivos del Ejército, la expedición de facturas falsas o inexistentes, el “huachicol” o robo de hidrocarburos, la corrupción, el enriquecimiento ilícito y los delitos electorales.
La medida también aplica en delitos de contrabando y para quienes utilicen comprobantes fiscales falsos en los términos establecidos por la ley.
El régimen transitorio del decreto estipula que, a partir de su entrada en vigor, se derogarán todas las disposiciones de leyes secundarias, reglamentos y normativas administrativas que se opongan a la reforma.
Además, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico conforme al decreto, mientras que las legislaturas estatales contarán con 365 días para realizar las adecuaciones normativas pertinentes.
Esta reforma, que modifica el artículo 19 de la Constitución, busca fortalecer la respuesta del sistema de justicia ante delitos que impactan significativamente en la seguridad y economía del país.
