La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputada Martha Avila (MORENA), recibió la iniciativa enviada a este órgano legislativo por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para combatir las extorsiones.
“Saludamos la presentación de este proyecto que, sin duda alguna, tiene por objetivo la construcción de una ciudad más segura, armoniosa y habitable para todas y todos sus habitantes”, expresó.
Al recibir la iniciativa de manos del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, la legisladora destacó la relevancia de esta propuesta de reformas legales, que atiende un tema muy sensible para la ciudadanía capitalina.
“Esta propuesta destaca la voluntad política de la jefa de Gobierno para avanzar en medidas legislativas y administrativas que brinden tranquilidad y seguridad a las familias de nuestra ciudad capital”, aseguró.
Martha Avila se comprometió a estar atenta al proceso de análisis y dictaminación respectivo “y agotar de manera adecuada todos los procedimientos parlamentarios que nuestras normas internas establecen”.
¿Cómo se combatirá la extorsión?
La iniciativa que se envió al Congreso de la Ciudad de México busca reformar el Código Penal local y endurecer las penas contra la extorsión y contra el cobro ilegítimo de deudas, conocido como “gota a gota”, del que forman parte “Los Palillos”, banda de menores de edad –que extorsionan– identificada por la Policía capitalina.
Otro eje de la estrategia es la atención de la extorsión, en la que se fortalecerán las capacidades operativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lo que incluye la creación de una Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión, así como la Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Extorsión.
La consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas, explicó que con la iniciativa de reforma se crearán los artículos 148 quáter y 148 quinquies, en el Código Penal, para definir los delitos de extorsión y cobranza ilegítima, respectivamente, los cuales implicarán una pena de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con la finalidad de evitar la libertad bajo fianza.
En cuanto a la reforma contra los cobros “gota a gota”, la adición al Código Penal establece que “al que, con la intención de requerir el pago de una deuda, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento para lograr el cobro e intimidación, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y multa de 2 mil a 3 mil Unidades de Medida de Actualización, además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se usurparon funciones públicas de una profesión”.
