Ciudad

Impulsa PAN iniciativa para regular a servidores públicos de la CDMX

Necesario emitir una norma que establezca los derechos y obligaciones, así como las facultades que tienen los funcionarios

Ricardo Rubio Torres, diputado panista del Congreso de la CDMX, presentó ante el pleno una propuesta de iniciativa para regular las relaciones de las y los servidores públicos de la Ciudad de México. El legislador indicó que la medida, tiene por objeto brindar, certeza y seguridad jurídica a los funcionarios de la capital.

En palabras del legislador, se debe de cumplir con el mandato que ordenó el poder constituyente en nuestra ciudad en 2017 y emitir una norma que establezca los derechos y obligaciones, así como las facultades que tienen las y los servidores públicos.

El legislador recordó desde el pasado 25 de junio, se actualizó la omisión legislativa al no emitir la norma correspondiente en tiempo y forma, por lo que es deber de este congreso, legislar a la brevedad y cumplir con sus obligaciones de configuración legislativa.

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¿De que se trata la iniciativa propuesta por el legislador?

“Con la presente iniciativa nos proponemos dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10, Apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en los diversos transitorios Tercero y Vigésimo Quinto de la propia Ley fundamental local. En este sentido, se plantea establecer un régimen que regule los aspectos sustantivos y procesales que permitan regular las relaciones entre los poderes y entidades públicas de la Ciudad de México y las personas trabajadoras a su servicio, además de dirimir los conflictos laborales que de las mismas resulten”, se lee en el documento.

Asimismo en la propuesta se incorpora la armonización normativa de los diversos conceptos relacionados con el derecho y la justicia burocráticos, en términos de lo previsto tanto en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en la emitida por Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte.

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