La desinformación sobre la supuesta obligatoriedad de tramitar una CURP biométrica en México para 2025 ha generado confusión entre la población. Aunque se han hecho esfuerzos locales para modernizar este sistema, como en el estado de Veracruz, no existe legislación que establezca su obligatoriedad a nivel nacional.
La propuesta de vincular esta clave con datos biométricos tiene antecedentes que se remontan a 2020, pero hasta hoy, su implementación enfrenta obstáculos legales y cuestionamientos sobre privacidad y seguridad.
Los antecedentes de la llamada ‘CURP biométrica’
La primera iniciativa formal para crear un sistema de identificación con datos biométricos surgió en diciembre de 2020, cuando la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Población, Movilidad Humana e Interculturalidad. Esta legislación buscaba establecer una Cédula Única de Identidad Digital, un documento que incluiría datos personales y biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial. Sin embargo, la iniciativa nunca fue discutida en el Senado de la República, dejando el proyecto archivado.
En 2023, el debate fue retomado por senadoras como Olga Sánchez Cordero, quien impulsó una reforma a la Ley General de Población para introducir una CURP biométrica que incluyera foto y huellas dactilares. El dictamen fue aprobado en comisiones, pero no avanzó al pleno del Senado, y hasta noviembre de 2024, permanece sin resolución. Esto significa que no hay un marco legal que haga obligatoria esta versión de la CURP en ningún estado de la República.
¿En 2025 todos deberán tramitar una CURP biométrica?
La confusión en torno a 2025 como una fecha límite para la implementación nacional de la CURP biométrica parece haber surgido a raíz de un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Xalapa en julio de 2024.
En este documento, las autoridades locales invitaron a la población a registrar sus datos biométricos como parte de un proyecto del Registro Civil de Veracruz en colaboración con el Registro Nacional de Población (Renapo). Aunque el esfuerzo es exclusivo de esta entidad, algunos medios difundieron la información como si se tratara de una medida obligatoria en todo el país.
Los riesgos de una cédula única con datos biométricos
Especialistas y organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz para señalar los riesgos que implicaría una implementación nacional sin las garantías adecuadas. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha advertido que centralizar datos biométricos en una base gestionada por la Secretaría de Gobernación podría convertirla en un objetivo para ciberataques. Además, subrayan que los datos biométricos, al ser inmutables, no pueden cambiarse como una contraseña en caso de vulneración, lo que expone a los ciudadanos a riesgos permanentes.
Otro punto crítico señalado por expertos es el posible uso de esta información para vigilancia estatal. Según R3D, una base de datos centralizada podría ser utilizada para monitorear actividades de activistas, periodistas y minorías, afectando derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. Este tipo de herramientas, argumentan, deben estar acompañadas de un marco legal sólido que contemple mecanismos de rendición de cuentas y protección de datos.
La carencia de una Ley de Ciberseguridad para regular la materia
En el ámbito internacional, organismos como las Naciones Unidas han señalado que la implementación de bases biométricas debe ser evaluada cuidadosamente, especialmente en países que carecen de leyes de ciberseguridad robustas. México, hasta hoy, no cuenta con una Ley Federal de Ciberseguridad, lo que incrementa las preocupaciones sobre la protección de información tan sensible.
Mientras tanto, algunos estados como Veracruz han avanzado de manera aislada con proyectos de recolección de datos biométricos, pero no existe una directriz nacional que establezca su obligatoriedad. La población debe estar atenta a las disposiciones oficiales y evitar caer en la desinformación sobre plazos o requisitos inexistentes.
