La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, con la que busca aumentar la pena mínima por el delito de sustracción de menores a 10 años de prisión y la máxima a 20 años, mismas que hoy se encuentran en 3 y 7 años, respectivamente.
Y es que la Ciudad de México enfrenta una crisis en materia de desaparición de menores que ha venido creciendo en los últimos años. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde 2017 se han reportado 5 mil 274 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en la ciudad y al menos mil 167 aún no han sido localizados hasta agosto de 2024.
Esto quiere decir que uno de cada 3 niñas, niños y adolescentes desaparecidos de los que se tiene registro proceden de la Ciudad de México. Las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran el 33% de estos casos, lo que evidencia la magnitud del problema. El 80% de los menores desaparecidos son adolescentes entre 12 y 17 años; dos de cada tres son mujeres, lo que refleja un preocupante sesgo de género en estos casos.
El coordinador de la bancada panista, Andrés Atayde mencionó que se debe atender el problema que afecta a la niñez y también a sus familias, porque es algo que ya no puede esperar. “Reconocemos que no basta con endurecer las penas, sino que este es un primer paso, pero un paso firme para garantizar su seguridad”.
La diputada Daniela Álvarez agregó que “no basta con protocolos y buenas intenciones, necesitamos leyes que fortalezcan nuestra capacidad de respuesta y que aseguren un entorno seguro para nuestras niñas y niños. Por eso, propongo elevar las penas por la sustracción de menores, para que quien cometa este delito sepa que enfrentará las consecuencias más severas, que quien pretenda robarse un niño termine en la cárcel”.
Guillermo Donaldo, Director General de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, I.A.P. advirtió que la sustracción por persona ajena o robo de niños requiere de toda la atención ya que se ha incrementado entre menores de 0 a 6 años y en adolescentes de los 12 a los 17 años que son presa del delito con fines de trata o de crimen organizado.
“Elevar las penas es necesario, pero también las Fiscalías deben hacer su parte, no hay justificación para que a los padres o familiares se les pida esperar 72 horas para iniciar una denuncia. La autoridad debe actuar de inmediato”.
— Guillermo Donaldo
La iniciativa representa un compromiso firme con la protección de la infancia y es un llamado a la acción para que las y los legisladores se sumen en favor de un marco jurídico más sólido y efectivo.
