El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado a los tribunales que Google realice cambios estructurales significativos en su negocio, incluyendo la venta del navegador Chrome o del sistema operativo Android, para limitar su posición dominante en el sector tecnológico.
La propuesta también exige que la compañía deje de pagar miles de millones de dólares a socios como Apple para que el motor de búsqueda de Google sea el predeterminado en navegadores web.
En su propuesta de sentencia, el Departamento de Justicia estadounidense argumentó: “Google debe vender Chrome de inmediato y por completo, sujeto a los términos que el Tribunal y los demandantes aprueben”.
Además, el organismo solicita que Google no vuelva a ingresar al mercado de navegadores durante al menos cinco años.
Antecedentes y repercusiones legales
El gigante tecnológico ya enfrenta una batalla legal tras una decisión judicial que determinó que violó la ley antimonopolio en el mercado de motores de búsqueda en línea. En paralelo, Google está bajo juicio desde septiembre por presuntamente desviar ingresos publicitarios de los editores hacia su propia tecnología publicitaria.
Se prevé que el proceso legal contra Google se prolongue durante años y, eventualmente, podría llegar al Tribunal Supremo.
Posturas y advertencias
Lee-Anne Mullholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, advirtió que separar Chrome y Android, ambos ofrecidos de forma gratuita, perjudicaría a consumidores, desarrolladores y al liderazgo tecnológico de Estados Unidos.
Según estimaciones, Chrome podría alcanzar un valor de hasta 20,000 millones de dólares en caso de ser vendido.
Por su parte, la Asociación de Internet y Redes Competitivas (INCOMPAS) alertó que las medidas propuestas podrían sentar un precedente peligroso, afectando la innovación y poniendo en riesgo la seguridad nacional y la capacidad de Estados Unidos para competir a nivel global.
Impacto potencial
La solicitud del Departamento de Justicia busca equilibrar el mercado tecnológico y limitar prácticas consideradas anticompetitivas, pero también plantea un debate sobre las implicaciones para la inversión y la innovación. La resolución de este caso será clave para definir el futuro de las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos.
