Dos exdirectivos del Servicio de Adminisración Tributaria (SAT) fueron vinculados a a proceso tras ser acusados de los delitos contra la administración pública, uso de documento falso y ejercicio ilícito del servicio público.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación se realizó en conjunto con el SAT bajo la política de cero tolerancia a la corrupción.
“La vinculación fue en contra de dos exaltos funcionarios del SAT, Leopoldo ‘N’, exadministrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén ‘N’, exadministrador Central de Análisis Técnico Fiscal, quienes, utilizando su puesto como servidores públicos, presuntamente pretendieron atentar contra el Fisco Federal por un monto aproximado de 172 millones de pesos”.
Las autoridades afirmaron que acciones como esa se fortalece la recaudación y “se contribuye con la construcción de cimientos fuertes para el proyecto de transformación de México”.
Leopoldo Carrillo Werring tomó protesta a su cargo el 24 de enero de 2018, en sus grados académicos destaca la licenciatura en Contaduría por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus León, así como una Maestría Fiscal, por la Universidad de Guanajuato.
En el SAT se desempeñó como titular de la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones, además de encargado de Despacho de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
¿Cuántos años de prisión pueden alcanzar?
Según el Código Penal Federal (CPF), por el delito de ejercicio ilícito de servicio público, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa al funcionario que “teniendo conocimiento por razón de su empleo de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.
Mientras que la falsificación de documentos públicos se castiga con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.
“Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”.
