La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunció una presunta red de extorsión que afectaba a comerciantes y locatarios de la alcaldía Tlalpan, supuestamente creada por la administración de la exalcaldesa Alfa Gónzalez, quien llegó al poder en 2021 de la mano de la alianza del PAN, PRI y PRD.
La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, dio a conocer que la red de extorsión estaba perfectamente estructurada y que, mediante prácticas ilegales y abusivas, despojó a –al menos– 205 familias de sus derechos, pues los funcionarios de Tlalpan exigían hasta 100 mil pesos por retirar los sellos de clausura de los establecimientos mercantiles.
Indicó que un total de 205 expedientes fueron utilizados para extorsionar a comerciantes, a quienes se les pedían pagos mensuales bajo la amenaza de clausurar sus negocios, creando un ambiente de incertidumbre en la demarcación; además, recordó que el Congreso CDMX deberá sacar adelante la iniciativa para elevar las sanciones contra el delito de extorsión.
Por ello, Xóchitl Bravo presentó un punto de acuerdo en el Congreso capitalino –mismo que fue aprobado– para que los funcionarios de Alfa González sean investigados por posibles actos de corrupción y extorsión. Este delito se suma a las irregularidades detectadas en Cuauhtémoc y Magdalena Contreras, que también fueron gobernadas (2021 - 2024) por alcaldes de oposición.
“La corrupción y la extorsión no son delitos menores. Son crímenes que desangran nuestras instituciones. No solo roban recursos, también roban esperanza. Lo más grave es que cuando los servidores públicos caen en estos vicios, traicionan la misión que les fue encomendada: trabajar para el pueblo, no para su propio beneficio”.
— Xóchitl Bravo
La Contraloría General de la Ciudad de México y la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos deberán investigar a quienes resulten responsables de corrupción y hayan extorsionado a vendedores durante la administración de la exalcaldesa Alfa González, de 2021 a 2024.
“Los funcionarios públicos, aunque ya no estén, pueden ser sancionados. No importa que hayan dejado de estar en sus cargos, porque la ley permite iniciar procedimientos administrativos, penales y jurídicos en contra de quienes afectaron a la población. No vamos a permitir que actos de corrupción queden impunes”, concluyó.
