La Ciudad de México endurecerá el combate contra la tala clandestina con penas de hasta 25 años de prisión y multas de más de 2 millones de pesos para desincentivar dicha actividad y fomentar la competitividad del comercio legal de madera, ante los operativos policiales que no han sido suficientes para detener el problema de raíz.
Y es que tan solo en 2023, en la Ciudad de México, autoridades clausuraron 32 madererías por operar de manera irregular, sin embargo, hasta el momento ninguna enfrenta procesos penales, pues las sanciones se limitaron a infracciones administrativas, como la falta de licencias de operación o permisos de uso de suelo.
En el Congreso de la Ciudad de México, el diputado de Morena, Pedro Haces Lago, los próximos días presentará una iniciativa que previsiblemente castigará de cinco a trece años de prisión y de 2 mil a 6 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 651 mil pesos, al que de forma ilegal o con dolo, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles.
Indicó que la tala ilegal de árboles constituye uno de los mayores desafíos ambientales que enfrenta el país y, particularmente, la Ciudad de México, ya que este delito no solo atenta contra los ecosistemas y la biodiversidad, sino que también tiene repercusiones sociales, económicas y de salud pública.
No obstante, las penas podrían aumentar de nueve a veinticinco años de prisión y de 8 mil a 12 mil UMA (un millón 302 mil pesos), cuando la tala ilegal de árboles sea cometida en un área natural protegida; en un área de valor ambiental; en una barranca, o en el suelo de conservación de la Ciudad de México.
Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al menos el 70% de la madera que se comercializa en México tiene un origen ilegal. Este dato alarmante refleja una crisis estructural en la regulación de los recursos forestales, que permite la extracción descontrolada de árboles, con consecuencias devastadoras para los bosques y el ecosistema.
Sin embargo, las consecuencias por talar árboles ilegalmente podrían ser más severas, pues las multas contra los ‘talamontes’ incrementarían hasta las 20 mil UMA (2 millones 170 mil pesos) para quien ilícitamente comercie, acopie, almacene, transforme o distribuya madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otra materia prima forestal.
Impunidad en los casos de tala
Pedro Haces Lago señaló que a pesar de las denuncias ciudadanas y los operativos gubernamentales, la impunidad sigue siendo la norma en los casos de tala ilegal. Agregó que la falta de procesos penales contra las madererías irregulares, incluso cuando se comprueba su relación con actividades ilícitas, envía un mensaje de permisividad que incentiva a las redes criminales a seguir operando. Sin un marco jurídico que priorice la persecución penal de estos delitos, la tala ilegal continuará siendo una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad.
“Endurecer las penas contra la tala ilegal no solo desincentivará esta actividad, si no que también fomentará la competitividad del comercio legal de madera. Al garantizar que los productos maderables provengan de fuentes legales y sostenibles, se fortalecerá la economía local y se promoverá la conservación de los bosques”, comentó.
“Asimismo, una regulación estricta reducirá los costos asociados con la recuperación de áreas degradadas y los impactos negativos del cambio climático, generando beneficios a largo plazo para la Ciudad de México y sus habitantes; la deforestación afecta directamente a las comunidades rurales y urbanas que dependen de los bosques para su sustento”.
— Pedro Haces Lago
Organizaciones como Reforestamos México, han señalado que los operativos policiales para combatir la tala ilegal, aunque necesarios, no son suficientes para detener el problema de raíz; y es que en lugar de centrarse únicamente en estos operativos, se debe priorizar la regulación del comercio de madera y la persecución de las redes de distribución que abastecen de productos ilegales a madererías, carpinterías y contratistas
Casos de tala ilegal de árboles
Un caso que ilustra la gravedad de la problemática es el ocurrido en la colonia Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan, en donde vecinos denunciaron la tala ilegal de más de 400 árboles en un predio destinado a la construcción de viviendas de lujo. A pesar de que las irregularidades en este proyecto han sido denunciadas por los afectados durante más de tres años, las autoridades no han tomado medidas efectivas para frenar la destrucción de esta importante área verde.
Esto no solo evidencia la falta de vigilancia y control sobre los desarrollos inmobiliarios en zonas boscosas, sino que también resalta un marco de impunidad que permite a los responsables operar sin consecuencias legales significativas.
Además, la deforestación afecta directamente a las comunidades rurales y urbanas que dependen de los bosques para su sustento, agua y protección contra desastres naturales. En zonas como Milpa Alta y Xochimilco, la tala clandestina compromete los recursos hídricos que abastecen a la ciudad, poniendo en riesgo la seguridad hídrica de millones de habitantes
Las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan concentran importantes zonas boscosas que no solo son fundamentales para la biodiversidad, sino que también actúan como los “pulmones” de la ciudad. Sin embargo, estas áreas están cada vez más amenazadas por la expansión urbana descontrolada y la operación de redes de tala ilegal.
La falta de vigilancia efectiva y la corrupción en el otorgamiento de permisos han facilitado la destrucción de estos ecosistemas, que son vitales para la recarga de los mantos acuíferos y la estabilización de los suelos en una ciudad propensa a deslizamientos y hundimientos.
