El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, las reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política con el objetivo de prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo, como parte de una estrategia enfocada en la protección de la salud pública.
El dictamen, avalado con 410 votos a favor, 24 en contra, establece sanciones contra “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos señalados por la ley, así como la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas”.
El texto reformado especifica: “Queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades relacionadas con estas sustancias y dispositivos”, lo que marca un precedente en la legislación nacional sobre este tema.
Posturas de legisladores
Durante el debate, la diputada Danisa Flores, del partido Morena, destacó que el narcotráfico ha convertido al fentanilo en un negocio altamente lucrativo que cobra la vida de miles de personas. Señaló que este problema trasciende el ámbito de la salud pública y constituye una amenaza a la seguridad nacional, al alimentar la violencia y debilitar las instituciones:
“Es imperativo reconocer que estamos ante una crisis que desestabiliza comunidades y representa un riesgo directo para el tejido social”, expresó.
Por otro lado, la legisladora del PAN, Paulina Rubio, criticó las reformas al considerarlas insuficientes: “Combatir el fentanilo desde la Constitución es una simulación, como darle una aspirina genérica a alguien que tiene cáncer”, afirmó.
Prohibición de vapeadores impacto en mercado negro
Juan José Cirion, presidente de México y el Mundo Vapeando, dijo que el 31 de mayo de 2002, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto presidencial que prohibió la venta de vaporizadores, a pesar de que en octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de la comercialización de estos dispositivos.
Mencionó que mientras en México el gobierno y ahora los diputados equiparan los vaporizadores con el fentanilo, autoridades de otros países, como Francia y Nueva Zelanda, han incorporado los dispositivos electrónicos en sus políticas públicas para combatir el tabaquismo, argumentando que son 95% menos dañinos que los cigarrillos convencionales debido a la ausencia de combustión.
“Es importante recordar que los vaporizadores no generan humo, como ocurre con los cigarrillos tradicionales, en los que el tabaco se quema. En cambio, estos dispositivos producen vapor a partir del calentamiento de líquidos”.
“Tenemos plena certeza en la sensibilidad, madurez y, sobre todo, independencia de los senadores para no votar a favor de la iniciativa, pues de lo contrario las consecuencias serán terribles para el país: dejar en desamparo a millones de mexicanos que buscan dejar el tabaquismo, fomentar un creciente ‘peligroso mercado negro’ operado por el crimen organizado, y permitir que el consumo entre menores de edad siga en aumento”, advirtió.
Contexto y siguientes pasos
Las modificaciones constitucionales también buscan dar un marco jurídico para reforzar las políticas públicas en materia de salud y combatir la producción y distribución de drogas sintéticas. Ahora, el proyecto será turnado al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Esta medida representa uno de los esfuerzos más ambiciosos del gobierno para abordar tanto la crisis de adicciones como la lucha contra el narcotráfico, pero ha generado un intenso debate entre quienes la consideran un paso necesario y quienes la califican como simbólica o insuficiente.
