El Senado de la República declaró constitucional la reforma que establece la extinción de siete órganos autónomos y reguladores, luego de obtener el respaldo de 20 congresos estatales, como lo exige el artículo 135 de la Constitución.
Entre las entidades que avalaron la reforma se encuentran Campeche, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Chiapas, Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Michoacán, Durango, Zacatecas y la Ciudad de México, informó Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado.
En contraste, Baja California rechazó el decreto, según lo declaró la senadora Verónica Nohemí Farja. Aún se espera que otros congresos estatales emitan sus resoluciones para integrarlas al expediente.
¿Qué implica la reforma constitucional?
Con esta reforma, las funciones de los siete órganos autónomos serán absorbidas por diversas dependencias gubernamentales, buscando centralizar las responsabilidades en instituciones ya existentes:
- Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu): Pasará a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): Sus funciones serán asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): Sus actividades estarán bajo la Secretaría de la Función Pública (SFP), ahora denominada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE): Estas tareas se integrarán a la Secretaría de Energía (Sener).
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): Sus funciones serán transferidas a la Secretaría de Economía.
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): Estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Próximos pasos
El siguiente paso será que la Cámara de Diputados emita la declaratoria correspondiente hará llegar el documento a la titular del Ejecutivo Federal para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez cumplidos estos procedimientos, la reforma será oficial y las dependencias comenzarán a absorber las funciones de los órganos extintos.
Este cambio ha generado un intenso debate político y social, ya que los defensores argumentan que centralizar estas actividades mejorará la eficiencia del gobierno, mientras que los opositores temen que se debiliten los contrapesos democráticos y la autonomía en áreas clave como transparencia, educación y regulación energética.
