La diputada del PVEM, María del Carmen Pineda, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, proponiendo que sea considerada una falta administrativa grave el uso de bienes públicos, como instalaciones, colores, símbolos o frases, que puedan vincularse directa o indirectamente con algún partido político.
Esta propuesta busca garantizar el uso imparcial de los recursos públicos y evitar actos de propaganda disfrazada de actividad gubernamental.
La reforma propone la adición del artículo 64 Quater, con el objetivo de actualizar el marco jurídico en torno al uso de elementos partidistas en bienes e instalaciones públicas. Según la legisladora, este tipo de prácticas han sido históricamente utilizadas para beneficiar a los partidos en el poder, violando principios constitucionales de equidad e imparcialidad electoral.
¿Qué se busca con esta reforma?
Pineda señaló que este abuso representa una forma de propaganda velada, disfrazada de obra pública, lo que pone en riesgo la confianza ciudadana y contradice los valores fundamentales de la función pública, como la objetividad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
“El servicio público debe ejercerse desde la más estricta imparcialidad, priorizando el bienestar ciudadano sobre intereses partidistas”, enfatizó. Además, subrayó que cualquier comunicación institucional debe ser neutral y libre de tintes electorales para preservar los principios democráticos y evitar el uso indebido de recursos públicos en beneficio de intereses político-electorales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y dictamen, con la intención de fortalecer la legislación y promover una administración pública más justa y apegada a los valores democráticos.
