La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Piña, cuestionó la implementación y los posibles resultados de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante su segundo informe de labores, señaló que los efectos de esta reforma no serán inmediatos, sino visibles a lo largo del tiempo.
“La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata, y con mayor razón todo servidor público, busca lo mejor para su país. No es posible saber, al menos en este momento, cuál será el resultado de dicha reforma. Se necesita de la sabia virtud de conocer el tiempo”, afirmó Piña durante el acto celebrado en el edificio sede del Máximo Tribunal del país.
En su discurso, la ministra destacó la importancia de la independencia judicial como un pilar fundamental de la democracia mexicana y reconoció los desafíos históricos que implica esta reforma. Piña recordó que el debate sobre el proyecto inició en noviembre de 2023 y calificó el escenario como un caso sin precedentes a nivel mundial.
Preocupación por la independencia judicial
Norma Piña advirtió sobre los riesgos de desestimar la autoridad judicial tras la aprobación de la reforma, señalando la creciente amenaza de juicios políticos como un fenómeno recurrente.
“Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de derechos humanos, un mejor control de regularidad constitucional y un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado”, enfatizó.
Asimismo, subrayó que solo con el paso del tiempo se podrá evaluar el impacto completo de la reforma y sus implicaciones para el sistema judicial y la sociedad mexicana.
Representación del gobierno federal
En representación de la Presidencia de la República, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, asistió al informe. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció previamente que no acudiría al evento.
El discurso de la ministra Piña marca un posicionamiento clave en medio de las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, subrayando la necesidad de mantener la independencia judicial y fortalecer el equilibrio entre los poderes del Estado.
