El gobierno crea una comisión para debatir si volver a aplicar la pena máxima, abolida en 1979, debido al "contexto actual" de alarma social "relacionado con la incidencia" de este delito.Perú creará una comisión especial para evaluar la aplicación de la pena muerte en casos de violación a menores de edad, informó este domingo (15.12.2024) el Ministerio de Justicia. La comisión estará "encargada de realizar debates públicos a fin de evaluar las propuestas dirigidas a ampliar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad", afirmó la cartera en un comunicado.
"El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha dispuesto, a iniciativa del titular del sector, Eduardo Arana, la creación de la Comisión Sectorial encargada de realizar debates públicos a fin de evaluar las propuestas dirigidas a ampliar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad", indicó la institución.
La medida responde al "contexto actual peruano donde existe un grave problema social relacionado con la incidencia del delito de violación sexual de menores de edad", argumentó el ministerio. La presidenta de Perú, la conservadora Dina Boluarte, llamó el martes a discutir el restablecimiento de la pena de muerte para violadores de menores, tras el asesinato de una niña de 12 años en un barrio pobre de Lima, que investigan si también fue víctima de agresión sexual.
En Perú, la pena capital fue abolida en 1979, después de rubricar el año antes el Pacto de San José, que la prohíbe. Antes era aplicada para delitos como traición a la patria y homicidio agravado. Solamente podría ser restablecida mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso aunque ello contravendría compromisos internacionales asumidos por Perú en materia de derechos humanos. Las leyes actuales aplican la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años.
Según el Instituto Nacional Penitenciario, 8.491 personas cumplen actualmente sentencia por este delito. La comisión anunciada por el Ministerio de Justicia, que estará integrada por representantes del Estado y de la sociedad civil, deberá organizar debates durante tres meses prorrogables en diversas regiones del país y elaborar un informe final con sus conclusiones, según el gobierno.
Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, afirmó que la pena de muerte "es una medida salvaje" y rechazó que se coloque en debate. Sin embargo, el viernes, el partido de derecha Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley para que el país abandone la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), también conocido como Pacto de San José, para, de este modo, abordar "de forma soberana" la aplicación de la pena de muerte. Desde 1995, el Poder Legislativo rechazó al menos ocho proyectos de ley que buscaban restaurar la pena de muerte.
lgc (afp, efe)
