El robo en el transporte público se ha convertido en una problemática de gran gravedad, que pone en riesgo no solo el bienestar de los usuarios, sino también la estabilidad social. A pesar de los esfuerzos por reducir la delincuencia, este delito sigue siendo frecuente, lo que contribuye a una percepción generalizada de inseguridad.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución Política, con el fin de incluir el robo en el transporte público dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Esta medida busca fortalecer la seguridad de los usuarios del transporte público, al considerar este delito como una amenaza creciente para la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, especialmente en zonas urbanas y conurbadas como el Estado de México, donde la incidencia de robos en el transporte público ha alcanzado niveles alarmantes.
El robo en el transporte público: un problema creciente
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan la magnitud del problema. Entre enero y agosto de 2023, en el Estado de México se registraron 6,312 robos con violencia en transporte público, de los cuales 5,432 ocurrieron en esa entidad, representando más del 86% de los casos a nivel nacional.
La incidencia de este tipo de delitos no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también pone en peligro su vida, ya que los delincuentes suelen actuar con armas de fuego o blancas y en grupos organizados.
La necesidad de prisión preventiva oficiosa
La iniciativa del diputado Manzanilla propone que el robo en el transporte público sea considerado un delito con prisión preventiva oficiosa, una medida que permitiría que los delincuentes enfrenten su juicio en prisión en lugar de en libertad, lo que reduciría el riesgo de reincidencia.
Actualmente, la falta de prisión preventiva oficiosa en estos casos facilita que los delincuentes vuelvan a delinquir, contribuyendo a la impunidad y aumentando la frustración de la ciudadanía.
El diputado subrayó que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta esencial para proteger a la sociedad, especialmente ante la alta reincidencia y peligrosidad de ciertos delitos. A pesar de la alta incidencia y gravedad del robo en el transporte público, este delito aún no ha sido incluido en el catálogo de delitos que ameritan dicha medida, lo que deja un vacío en la protección de los usuarios.
Un llamado a la justicia efectiva
El diputado Manzanilla enfatizó que la reforma al artículo 19 constitucional es una respuesta a la creciente demanda de la sociedad por un sistema de justicia más efectivo y protector de los derechos de las víctimas.
Con la incorporación del robo en el transporte público al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, se busca garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, reduciendo así la incidencia de este delito y ofreciendo mayor seguridad a los ciudadanos.
