El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe informar si durante la implementación del protocolo de revisión de útiles escolares en planteles federales de educación media superior se han encontrado sustancias u objetos peligrosos.
La resolución se emitió luego de que un ciudadano solicitó información a la SEP sobre el número de planteles y estados donde se aplica este protocolo, la frecuencia de las revisiones, las acciones emprendidas al encontrar objetos peligrosos, las escuelas involucradas y si hubo personas detenidas.
Respuesta insuficiente de la SEP
La SEP, a cargo de Mario Delgado Carrillo, respondió que los datos estaban disponibles en registros públicos y proporcionó un vínculo electrónico para su consulta. Sin embargo, el solicitante presentó una queja ante el Inai al señalar que en el vínculo solo se menciona la existencia del protocolo, sin detallar resultados ni responder las preguntas planteadas.
El equipo del comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá Méndez, concluyó que la SEP no garantizó el derecho de acceso a la información, ya que entregó datos incompletos.
“Es importante conocer las escuelas donde se implementa el protocolo y el número de veces que se han identificado objetos prohibidos. Esta información es relevante considerando el aumento de la violencia escolar en México”, destacó Alcalá Méndez.
Resolución y antecedentes del operativo
Por unanimidad, el pleno del Inai revocó la respuesta de la SEP y le instruyó a buscar la información requerida en todas las unidades competentes, además de entregar los datos al solicitante.
El operativo “Mochila Segura”, implementado por la SEP para prevenir el ingreso de objetos peligrosos a las escuelas, se realiza con la anuencia de los padres de familia. Sin embargo, en la Ciudad de México, dicho operativo fue suspendido en agosto de 2019 y declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero de 2021. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el programa vulneró los derechos de los estudiantes.
El Inai subrayó que la transparencia en estos temas es clave para abordar los problemas de violencia en las escuelas y garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.
