El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 49 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones el dictamen que reforma la Constitución Política de la capital en materia de Reforma al Poder Judicial, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia, para alinear la normatividad local al mandato federal sobre la elección popular de jueces y magistrados en 2025.
Horas más tarde, las diputadas y diputados del Congreso local aprobaron las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral local en materia de Reforma al Poder Judicial y la elección por voto de las personas que integrarán el Poder Judicial local.
Así, la ciudadanía capitalina podrá participar activamente en los procesos de elección de quienes integran el Poder Judicial en la Ciudad de México tal y como también sucederá a nivel federal, con el propósito de que los integrantes del nuevo modelo sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la sociedad, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que integran la entidad.
Ello para contar con un poder que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio, así como constituir un precedente histórico y un logro para la equidad de género, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación paritaria en el ejercicio de la administración de justicia en la Ciudad de México.
¿Cómo será la elección?
La etapa de preparación de la elección extraordinaria de 2025 iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México celebre dentro de los primeros siete días posteriores a que se emita este decreto.
La jornada del Proceso Electoral Extraordinario de la Ciudad de México se celebrará el primer domingo de junio de 2025 y se declarará la validez del mismo, a más tardar el 26 del mismo mes.
Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Congreso de la CDMX el 1 de septiembre de 2025.
Las personas candidatas deberán presentar su declaración patrimonial en los términos que determine la autoridad electoral; no deberán estar inscritas en los registros Nacional de Obligaciones Alimentarias, ni en el de Personas Agresoras Sexuales Vigentes; de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y no haber sido condenadas por el delito de violencia familiar y en cualquiera de sus modalidades, entre otras restricciones.
La coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo aseguró que con la aprobación del dictamen se facilita “el derecho a la justicia: la justicia queda en manos del pueblo”. “El derecho a la justicia no se negocia. Estamos por un cambio profundo en el funcionamiento del Poder Judicial, para erradicar los vicios que ha mostrado”, apuntó.
Por su parte, el legislador por Coyoacán, Paulo Emilio García, aseveró que “hoy se consuma la derrota del proyecto político del neoliberalismo. Un régimen que sólo rindió cuentas a las cúpulas de los partidos y de las élites económicas. El mando del voto popular ordenó un cambio de régimen, no un cambio cosmético. El mito de la carrera judicial y la meritocracia terminó: 37% de los miembros del Poder Judicial son familiares entre sí”.
MC ve riesgo en acceso a la justicia
Los legisladores de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, Luisa Ledesma Alpízar y Royfid Torres señalaron que la aprobación de la “mal llamada Reforma al Poder Judicial” causará un daño irreparable para las libertades de las y los capitalinos, ante la falta de certeza de los personajes que podrán ser elegibles, su procedencia, pero sobre todo por las dudas en la autonomía de su actuar ante la necesidad de impartición de justicia en la capital.
En el uso de la tribuna, el coordinador del grupo parlamentario por Movimiento Ciudadano sostuvo que la democracia y la justicia no son absolutas, por lo que el argumento de un mejor poder judicial con la elección de quienes aspiran a los cargos de ministros y jueces es falso.
Según los datos del censo de justicia local y federal indican que la cifra negra es de más del 92 por ciento y el personal de la fiscalía disminuyó en un siete por ciento, entre 2018 y 2022; con 2.9 millones pendientes a nivel nacional, siendo la CDMX la tercera.
Royfid Torres añadió que el sistema a nivel nacional es inoperante, ya que cuenta con un juez por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional sugiere sea de 18, además que en las cárceles del país cuatro de cada diez personas no tienen una sentencia y esos problemas no se resuelven con una elección.
El dictamen será remitido a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para su promulgación en la Gaceta Oficial de la CDMX.
