La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado viernes 27 de diciembre que su gobierno buscará cancelar la licitación IFT-12, un proceso que, después de casi seis años de preparación y discusiones entre autoridades y empresas, había generado altas expectativas en el sector de las telecomunicaciones y en laque los protagonistas se habían puesto de acuerdo.
¿Por qué es importante esta licitación?
La Licitación IFT-12 tiene un papel fundamental en el futuro de las telecomunicaciones en México. En ella se asignan frecuencias de radio necesarias para el desarrollo de las redes móviles 5G, las cuales son esenciales para mejorar la velocidad de internet y la calidad de las comunicaciones en el país.
Sin estas frecuencias, el desarrollo de una infraestructura 5G eficiente podría retrasarse considerablemente, lo que afectaría a millones de usuarios y empresas que dependen de la conectividad para su crecimiento.
Las acciones
Bajo el argumento de que el IFT no debió haber anunciado el inicio de la subasta, la presidenta Sheinbaum aseveró que el instituto está en proceso de desaparición, junto con otros organismos autónomos, y aún no existen leyes secundarias que lo sustituyan de manera adecuada, por lo que propuso dos acciones para frenar la licitación:
- Suspensión de la subasta: Buscarán que los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) detengan el proceso.
- Cancelación total: A través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, impulsarán una medida legal para anular la licitación en las próximas semanas.
El controversial espectro de 2.5 GHz
Uno de los puntos más controversiales de la Licitación IFT-12 es el espectro de 2.5 GHz, una frecuencia clave para el despliegue de las redes 5G. Esta banda es particularmente codiciada por Altán Redes, una empresa público-privada en la que el gobierno tiene participación mayoritaria.
Altán había estado buscando acceder a estas frecuencias sin tener que pasar por la licitación pública, lo que le daría una ventaja significativa para desarrollar su propia red 5G, ya que accedería a frecuencias de 2.5 GHz, las mismas que usan Telcel y AT&T, prácticamente de manera gratuita.
Sin embargo, el IFT decidió subastar este espectro, lo que significa que Altán, al igual que otras empresas, deberá competir por obtenerlo, lo que ha generado tensiones con el gobierno, que considera que la decisión debe ser tomada por el Estado, no por un organismo autónomo.
Las implicaciones
La incertidumbre en torno a la Licitación IFT-12 tiene implicaciones directas sobre el futuro de las redes 5G en México. Si el gobierno logra frenar la subasta, es probable que las grandes operadoras, como Telcel y AT&T, sigan siendo las principales beneficiarias del espectro 5G, lo que podría limitar la competencia y retrasar la expansión de nuevas redes.
Por el contrario, si el proceso sigue adelante, las nuevas licencias permitirían la entrada de empresas adicionales al mercado, lo que podría generar mayor competencia y, con el tiempo, mejores precios y servicios para los consumidores. Sin embargo, todo esto está por definirse en los próximos días.
¿Qué sigue?
El IFT ha informado que se pronunciará próximamente sobre las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, y se espera que el 10 de enero de 2025 se celebre una sesión en la que se discutan estos y otros temas relacionados con la licitación.
Un futuro en suspenso
La situación actual es un claro ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden influir directamente en el desarrollo de tecnologías clave para el país, como el 5G. La tecnología de quinta generación tiene el potencial de transformar la economía y la vida cotidiana de los mexicanos, pero su implementación dependerá de cómo se resuelvan estos conflictos.
¿Cómo nos afecta?
Imagina que vives en una ciudad donde la conexión a Internet es lenta y las redes móviles no cubren bien el área. La llegada de la tecnología 5G podría cambiar esta situación, ofreciendo una conexión mucho más rápida y confiable.
Pero para que esto ocurra, se necesitan asignar ciertas frecuencias de radio, y la Licitación IFT-12 estaba diseñada precisamente para repartir estas frecuencias. Si el gobierno frena este proceso, podríamos esperar más tiempo para que las redes 5G lleguen a más personas.
