La diputada del PRI, Verónica Martínez García, presentó una iniciativa para tipificar el acecho como delito en el Código Penal Federal, con sanciones de seis meses a dos años de prisión y multas económicas que podrían duplicarse si el agresor utiliza armas o reincide.
La propuesta, que fue turnada a la Comisión de Justicia, busca adicionar el artículo 259 Ter al capítulo de “Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación”. En ella, se define el delito de acecho como la conducta reiterada de seguir, vigilar o comunicarse con una persona en contra de su voluntad, atentando contra su seguridad, libertad e intimidad.
Conducta reiterada y agravantes
De acuerdo con la iniciativa, el acecho deberá ser cometido al menos en dos ocasiones y generar un menoscabo grave en la libertad de la víctima para ser considerado delito. Entre las agravantes que duplicarían las penas destacan:
- Uso de armas
- Que el delito sea cometido contra menores de edad o personas con discapacidad
- La existencia de una relación de subordinación, como laboral, docente o doméstica
- Que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad por edad, pobreza o marginación
- Si el delito lo comete una servidora o servidor público utilizando su posición
En los casos más graves, si el acecho deriva en daño físico o emocional a la víctima o su familia, la pena podría alcanzar hasta cinco años de prisión. Además, los servidores públicos responsables serían destituidos e inhabilitados para ejercer cargos durante el tiempo que dure su sentencia.
Un marco jurídico necesario
La diputada Martínez García explicó que, aunque el hostigamiento y acoso sexual están contemplados en la ley, el acecho no tiene aún reconocimiento en el marco jurídico a pesar de su incremento en los últimos años. Señaló que esta conducta no solo trasgrede la libertad de la víctima, sino que también representa un riesgo a su integridad y puede desembocar en hechos violentos, como lesiones, homicidios o feminicidios.
La iniciativa destaca que este delito se perseguirá únicamente por querella de la persona afectada. Con esta propuesta, se busca ampliar el marco legal para proteger a las víctimas y prevenir actos que atenten contra su seguridad y bienestar.
