Los vapeadores ya se encuentran constitucionalmente prohibidos en México, este miércoles se completó el proceso legislativo tras la aprobación en por lo menos 17 congresos locales y la consecuente declaratoria por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; sin embargo, los vendedores desafían la restricción.
“Todo sigue igual”, fueron las palabras de un vendedor de vapeadores que desde hace más de cinco años distribuye por mayoreo y menudeo miles de ‘vapes’ con precios que van de los 25 hasta los 250 pesos en la Ciudad de México, pese la prohibición de la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos.
En un recorrido hecho por Publimetro por el Centro Histórico de la Ciudad de México y en distintas alcaldías, se pudo constatar que los vapeadores se siguen ofertando tanto dentro de plazas –en Izazaga 89– como con vendedores ambulantes y locales fijos, mismos que están a la vista de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se limitan a vigilar el establecimiento que se encuentra cerca del Metro Isabel la Católica.
Dicho establecimiento se distingue porque los vendedores –en su mayoría– son provenientes de Venezuela, quienes abren y cierran el acceso al local, dependiendo de las personas que vayan comprando, pues gran cantidad de gente acude a adquirir cigarrillos electrónicos origen chino por mayoreo, lo que baja el precio considerablemente; en el lugar hay precios desde los 25 pesos, tal es el caso del ‘vape’ Max Air.
“Pásele, pásele, tenemos de todo”, así invita uno de los vendedores venezolanos en la entrada del establecimiento a que la gente acuda a comprar vapeadores, donde la mayoría de clientes se llevan –mínimo– 10 cigarrillos electrónicos, seguramente para revenderlos en sus colonias.
La expansión de venezolanos en zonas comerciales no es nueva, pues este diario hace unos meses dio a conocer que varios puestos ambulantes de la Alameda Central son atendidos por migrantes sudamericanos, en especial por venezolanos.
Vapeadores y los precios
A unos metros del local mayorista de vapeadores, se encuentra la plaza Izazaga 89 –que hace unas semanas fue escenario de un operativo para combatir al comercio de mercancía pirata producida en China– en donde solo se detectó un negocio que vendía cigarrillos electrónicos, pero con diferentes precios del establecimiento de mayoreo. En la plaza, los costos de los ‘vapes’ van desde los 550 pesos, lo que refleja la diferencia de ‘calidad’ con los productos chinos de baja gama.
Y es que en dicho local de la plaza ofertan ‘vapes’ desechables que van desde los 500 Puffs hasta los tres mil puffs. La vendedora de dicho lugar lamentó la prohibición de venta y uso de cigarrillos electrónicos, pues reconoció que podría iniciar un mercado negro de los productos; a pesar de ello, afirmó que hasta el momento no ha tenido problemas con el comercio de vapeadores, por lo que seguirá vendiendo.
Comerciantes ambulantes que laboran cerca de la explanada de la alcaldía Iztapalapa y otros que se encuentran en la Avenida Insurgentes también continúan vendiendo los vapeadores pese a su prohibición.
Los cigarrillos electrónicos son exhibidos en mesas para que las personas –especialmente jóvenes– compren los vapeadores. Aunado a ello se encuentran las tiendas de conveniencia, que –algunas– siguen vendiendo los ‘vapes’ libremente.
“Prohibido prohibir”
Cuando se discutió la prohibición de los vapeadores en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, criticó la medida impuesta por el Gobierno Federal, y cuestionó: “¿Dónde quedó el prohibido prohibir? ¿Dónde quedaron las libertades que decían defender?”.
La legisladora señaló que “prohibir no implica que el consumo desaparezca por arte de magia”, pues expuso que el consumo seguirá presente en la capital del país, “nos guste o no nos guste las personas seguirán vapeando, la diferencia es que no sabrán qué contienen los vapeadores y que no existirán estándares mínimos de salubridad”.
Denunció que con la prohibición de los vapeadores se generará un mercado negro de millones de dólares, en el que “las personas no sabrán qué están consumiendo, un mercado en donde no habrá estándares mínimos de salubridad; y, por supuesto, un mercado que dirigirá y operará el crimen organizado”.
“En lugar de prohibir, es deber de las autoridades de Salud regular los vapeadores. Si el interés verdaderamente está en la salud debemos de implementar campañas de apoyo y concientización para aquellas personas que quieran dejar de fumar. Lejos del camino de la prohibición, debemos caminar por la regulación”, concluyó.
Claves
La tienda mayorista de Izazaga –con productos chinos– no solamente tiene ‘precios bajos’, sino duraderos, pues los cigarrillos electrónicos tienen una media de cinco a seis mil Puffs (caladas), que son las veces que se puede fumar la nicotina de sabores.
Como referencia, un ‘vape’ de 500 caladas equivale aproximadamente a un paquete de cigarrillos. Entonces, las cinco a seis mil Puffs representan unas 10 a 12 cajetillas tradicionales.
Reforma constitucional
La reforma que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos ya es una realidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió este miércoles la declaratoria de constitucionalidad.
Luego de recibir el voto aprobatorio de los congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con lo que se cumple el requisito para una reforma constitucional, la reforma fue enviada al titular del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y posterior entrada en vigor.
“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”, señala el texto.
