Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa, confirmó que la violencia en el estado ha obligado al desplazamiento de al menos 200 familias en los últimos cuatro meses, derivado de enfrentamientos entre integrantes del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) señalan que la cifra de familias desplazadas asciende a mil 180.
Municipios más afectados por la violencia
Las familias afectadas provienen de comunidades cercanas a Culiacán, como Eldorado, Imala, Tepuche y Costa Rica, así como de otros municipios como Concordia, Palmito, La Petaca, Potrerillo, La Rastra y El Rosario. Según Loza Ochoa, el número real de personas desplazadas podría ser mucho mayor, ya que muchas familias han optado por ocultarse para salvaguardar su seguridad.
Críticas a la atención gubernamental
El ombudsman estatal destacó que las autoridades enfrentan dificultades para localizar y atender a las familias desplazadas, calificando como insuficientes los esfuerzos de la Sebides.
“Hace falta sensibilidad y disposición para llevar ayuda hasta donde están estas personas. No basta con despensas o cobijas, también se necesita atención integral, especialmente en salud”
— Óscar Loza
Urgencia de atención integral
De acuerdo con la Sebides, los apoyos a las familias desplazadas incluyen despensas, colchonetas, catres, abanicos, chamarras y cobijas, además de brigadas médicas. Sin embargo, Loza Ochoa considera que estas medidas no son suficientes frente a la magnitud del problema.
El activista llamó a las autoridades a cumplir con los principios rectores de atención a desplazados emitidos por la ONU, los cuales priorizan la protección integral y el respeto a los derechos humanos. La situación actual, comparada con la violencia vivida en 2023, se ha agudizado desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025, dejando a las familias en un estado de orfandad social y sin el apoyo necesario para enfrentar su situación.
La crisis de desplazamiento en Sinaloa exige una respuesta inmediata y coordinada para garantizar seguridad, vivienda y acceso a servicios básicos a quienes han tenido que abandonar sus hogares por la violencia.
