La nueva fase de las relaciones entre EE. UU. y México se perfila como la más difícil de la época reciente, con Trump queriendo calificar a los carteles de la droga como "grupos terroristas".El 20 de enero próximo, con el inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, se va a resetear lo que hasta ahora ha sido la relación bilateral entre México y su vecino y socio comercial más importante. Los dos países iniciaran una nueva fase que marcará un antes y un después en la historia que une a ambas naciones desde su fundación.
Por desgracia, esta nueva fase se perfila como la más difícil de la época reciente. Trump regresa al poder más beligerante y fuerte que nunca. El Partido Republicano cuenta con la mayoría en el Congreso, tiene un amplio apoyo, medido en su contundente triunfo, en la elección presidencial, sobre la demócrata Kamala Harris, y no hay una oposición reorganizada para hacerle contrapeso y contrarrestar las agresivas medidas que piensa tomar hacia México.
Sin duda, uno de los puntos que producirá la mayor tensión entre las dos naciones será la decisión de Trump de designar a los carteles de la droga mexicanos como "grupos terroristas extranjeros”, con lo cual el gobierno de Estados Unidos puede ejercer presión al gobierno de México para obligarlo a establecer acuerdos de cooperación que se traduzcan en acciones conjuntas para combatir de forma agresiva a estos grupos de delincuencia organizada, terminando así con la política de "abrazos y no balazos” hacia los carteles, inaugurada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que el gobierno de Claudia Sheinbaum pretendía continuar.
Pero, en realidad, ¿por qué los carteles mexicanos representan hoy una mayor amenaza para los estadounidenses? ¿Hasta donde podrían llegar en términos concretos las implicaciones de catalogarlos como terroristas?
Para este articulo realicé una investigación sobre las razones por las cuales, para EE. UU., la peligrosidad de las organizaciones criminales mexicanas ha aumentado, acerca del proceso que se debe seguir para la designación y las verdaderas implicaciones de esta.
De acuerdo a una revisión de ejemplos concretos, si bien es cierto que es poco probable una intervención armada unilateral del gobierno de Trump en México para combatir a los carteles, sí es factible que ejerza una presión tal que pueda obligar a Sheinbaum a cooperar y aceptar operaciones conjuntas. Históricamente, los países que no lo han hecho han sido catalogados como un "Estado patrocinador del terrorismo”, sufriendo una serie de sanciones económicas muy severas.
La designación no es instantánea
Como lo anticipé en esta columna en noviembre pasado, Trump va a declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, tal como me lo indicó el múltiplemente condecorado militar Tim Kennedy, un excombatiente de las guerras en Afganistán e Irak, quien fue integrante de la operación antiterrorista Júpiter, y es muy cercano al nuevo presidente de Estados Unidos.
Pero esta designación no es instantánea. Pese a que Trump ha dicho que lo hará inmediatamente, hay todo un proceso legal que se debe seguir.
La ley de Inmigración y Nacionalidad vigente en Estados Unidos es el marco normativo que regula el proceso de declarar a una persona u organización como "terroristas extranjeros”.
Pueden ser designadas de esa forma grupos o personas que amenazan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de ese país.
La entidad responsable de hacer esa declaratoria es la Secretaría de Estado. Con la llegada de Trump, quien ocupará ese puesto es el senador Marco Rubio, cuya posición respecto a los carteles de la droga mexicanos ha sido clara y dura. Incluso ha llegado a responsabilizar al expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador de permitir que los narcotraficantes tomaran control de México.
De acuerdo a la ley, una vez que la Secretará de Estado define un objetivo, es decir, un grupo o persona, para ser catalogado como terrorista -en este caso, uno o varios carteles de la droga-, prepara un "registro administrativo” que consiste en un informe que contiene información clasificada y de fuentes abiertas, que demuestra que se está cumpliendo con los criterios legales.
El secretario de Estado debe consultar con el fiscal general de Estados Unidos y con el secretario del Tesoro. Y si decide hacer la designación, se notifica al Congreso de Estados Unidos y se les da un plazo de siete días para analizar. Si el Congreso no presenta una acción para bloquear la medida el secretario de Estado, publica un aviso de la designación como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) en el registro federal, y en ese momento entrará en vigencia.
Una designación debe ser especifica. Es decir, deberá especificarse a cuál de los carteles de la droga mexicanos se va a catalogar como terrorista.
La Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo prevé que una FTO puede presentar una solicitud para salir de la lista dos años después de su designación. Para ello, la organización debe presentar evidencias que prueben que ya no representa un riesgo ni para ciudadanos americanos ni para la seguridad nacional de ese país.
Actualmente hay poco más de 60 FTO, entre otras: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y Estado Islámico (EI, o ISIS por sus siglas en inglés), Al Qaeda, Hamás, Hezbolá, y el grupo terrorista irlandés IRA.
Cuando Estados Unidos designa a una organización como grupo terrorista extranjero, en muchas ocasiones hace cabildeo con los miembros de la Unión Europea, en específico, con miembros de la OTAN, para que también los incluya en su lista de terroristas.
Los primeros efectos que tiene esta determinación es sancionar, y con ello restringir, todo tipo de colaboración o ayuda que alguien en Estados Unidos pueda dar a los carteles, incluyendo dinero, servicios financieros, alojamiento, equipos de comunicación, cualquier tipo de asesoramiento, armas y explosivos.
Ningún miembro o representante de los carteles designados como terroristas podrá entrar en Estados Unidos, y si son de nacionalidad estadounidense pueden ser expulsados o detenidos. Esto puede abarcar incluso a familiares de los lideres de los carteles, que muchas veces tienen nacionalidad estadounidense por haber nacido ahí, por ejemplo, Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Así mismo el Departamento de Estado puede designar a personas y organizaciones por tener vínculos con organizaciones terroristas. Y el Departamento del Tesoro coloca a estas entidades en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros donde se identifica a países, personas y empresas, sancionables de acuerdo con las leyes de EE. UU. El gobierno de ese país prohíbe a cualquier individuo o institución nacional tener vínculos comerciales y/o económicos con miembros de dicha lista.
¿Por qué los carteles mexicanos son una amenaza para EE. UU.?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió, en octubre pasado, su reporte sobre las que prevén serán las principales amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos en el 2025. En el documento se afirma que las drogas ilegales que trafican los carteles mexicanos matan a más estadounidenses "que cualquier otra amenaza a la seguridad”. Y por ello los carteles son actualmente la principal amenaza para la seguridad interna de ese país.
"El consumo de drogas mata a decenas de miles de estadounidenses cada año, aunque las sobredosis de drogas registradas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades disminuyeron en 2023 por primera vez desde 2018. Si bien los volúmenes de incautaciones de fentanilo son significativamente inferiores a los de metanfetamina y cocaína, el fentanilo sigue siendo una de las principales preocupaciones debido a su potencia, letalidad y disponibilidad”.
Y se afirma que DHS "incautó suficiente fentanilo para matar a toda la población estadounidense muchas veces”.
Como es sabido, en los últimos cinco años Estados Unidos vivió una epidemia de consumo de fentanilo que ha provocado la muerte de más de 370 mil personas, de 2019 a 2024.
De acuerdo a las estadísticas publicadas en el informe del DHS, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador las incautaciones hechas por el Gobierno de Estados Unidos de fentanilo se triplicaron, lo que es un referente para afirmar que en ese periodo la producción de esa droga también se multiplicó en México.
Tan solo en 2023, en territorio estadounidense se incautaron 19,5 toneladas de fentanilo. Es por eso que, para ese país, el combate a los carteles mexicanos se ha vuelto cada vez más prioritario.
De manera preocupante, DHS señala que en 2023 las muertes por sobredosis relacionadas con el consumo de cocaína y metanfetamina aumentaron en un cuatro por ciento, debido a que los narcotraficantes han comenzado a mezclarlas con fentanilo. "En 2025, esperamos que los narcotraficantes sigan adulterando la cocaína y la metanfetamina para hacerlas más potentes y adictivas”.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación son los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia ese país. Por lo que muy probablemente sean, en específico, las dos organizaciones que serán catalogadas como grupos terroristas extranjeros.
Durante los seis años de gobierno de López Obrador, éste negaba que en México se produjera el fentanilo, mientras su producción se multiplicaba causando estragos en Estados Unidos.
Dentro del Gobierno de Estados Unidos son varias las instituciones que podrían involucrarse en la estrategia contra los carteles mexicanos una vez que sean catalogados como "terroristas”. No solo el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional, la Fiscalía General, y la CIA, sino también el Departamento de Defensa, que tiene un área específica contra el terrorismo, y que define estrategias y operaciones de guerra irregular y contraterrorismo, y realiza la capacitación de socios de otros países para contrarrestar amenazas terroristas.
El Departamento de Defensa también tiene bajo su control el Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Para darse una idea, sus miembros ejecutaron la Operación Tridente de Neptuno, con la cual llevaron a cabo la cacería de Osama Bin Laden, líder de AlQaeda, y le dieron muerte en Pakistán en 2011.
Sanciones severas
El Departamento de Estado también puede clasificar a países como "patrocinadores de terrorismo internacional”.
Para poner a una nación en esta categoría se debe determinar que el gobierno de dicho país ha dado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional. En el caso que estamos tratando, sobre los carteles mexicanos, deberán probar el apoyo del gobierno de México a dichas organizaciones.
En un caso extremo, más tomando en cuenta el modo beligerante de Trump, el no colaborar con el gobierno de Estados Unidos en el combate a estos carteles podría llegar a poner a México en la antesala de una nominación como esa.
Actualmente existen cuatro paises en esta categoría: Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria.
Cuando un país entra en esa lista negra eso conlleva desde la cancelación de exportación de armas, restricciones en la ayuda económica, bloqueo de créditos en el Banco Mundial, hasta la prohibición a ciudadanos estadounidenses establecer relaciones financieras con esos países, y también penaliza y sanciona a personas y países que llevan a cabo diferentes intercambios comerciales con el país en cuestión, creando un aislamiento de esas naciones.
El caso de Cuba es emblemático. Fue colocado en la lista por primera vez en 1982, y salió de esa categoría en 2015, durante el Gobierno de Barak Obama. Pero en 2021 el Gobierno de Donald Trump volvió a ponerlo como país patrocinador del terrorismo, porque el Gobierno de Cuba dio refugio a integrantes de la narcoguerrilla colombiana Ejército de Liberacion Nacional y se negó a extraditar a los líderes Pablo Tejada y Pablo Beltrán.
Que Cuba figure en esa lista ha tenido consecuencias desastrosas para su economía y su población.
Morena amenaza con levantamientos armados
Para la presidenta de México viene una época difícil y de definiciones. Está entre la espada y la pared. Por un lado, las amenazas de Trump, que comenzarán a convertirse en hechos concretos a partir del 20 de enero.
Y por otra parte, está el posicionamiento del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Desde diciembre pasado en el Congreso mexicano circula en el Senado un documento emitido por la coordinación parlamentaria que encabeza Adán Augusto Lopez Hernández, miembro del círculo más cercano a AMLO.
Según el escrito titulado "Implicaciones de la designación como grupos terroristas extranjeros a los carteles mexicanos por parte del presidente de los Estados Unidos de América”, advierte que pueden ocurrir en México "levantamientos en armas” en ciertos territorios del país si allí existen elementos militares extranjeros.
Para Morena, no debe haber ningún uso de la fuerza pública contra los carteles mexicanos. Esto se aplica tanto al gobierno de Trump como al de la propia Sheinbaum.
Señalan que el uso de la violencia en contra de los carteles "representaría una contradicción en la retórica que se ha planteado desde el sexenio pasado”, es decir, con AMLO. Según este posicionamiento político preocupante, si se combate a los carteles se crearía un distanciamiento entre "la sociedad y el gobierno federal”. En pocas palabras, indirectamente se propone seguir con la dinámica de "Abrazos, no balazos”.
Seguir ese planteamiento de Morena sería muy peligroso para la estabilidad del Gobierno de Sheinbaum y la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
¿Cuál será la estrategia de Claudia Sheinbaum para mantener a su partido y a Trump satisfechos? Lo veremos en las próximas semanas y meses.
(cp)
