El director de Asuntos Jurídicos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), José Luis Martínez Colina, es señalado de protagonizar actos de corrupción al favorecer a la empresa Servicio de Excelencia en un litigio contra la terminal aérea. La denuncia, presentada por permisionarios del servicio de taxis del AICM, señala que Martínez Colina facilitó el acuerdo para que la empresa ganara un juicio por daños y perjuicios, lo que le permitirá obtener una indemnización económica.
Juicio por prácticas monopólicas
El 13 de enero de 2025 se informó que el AICM deberá indemnizar a Servicio de Excelencia tras ser declarado culpable de prácticas monopólicas en perjuicio de la empresa de taxis. El caso fue resuelto por el juez federal Juan Pablo Gómez, quien determinó que el aeropuerto debía pagar una indemnización. Sin embargo, el fallo no fue apelado dentro del plazo estipulado debido a un error procedimental, ya que los abogados del AICM, bajo la dirección de Martínez Colina, presentaron su apelación fuera del tiempo permitido.
Acuerdo irregular y corrupción
Los permisionarios de taxis denunciaron que el error de procedimiento fue deliberado, ya que Martínez Colina actuó bajo una “instrucción” para no impugnar la decisión judicial a tiempo, lo que permitió que Servicio de Excelencia obtuviera la indemnización de manera irregular. Según las denuncias, la empresa pagará un porcentaje de la indemnización a Martínez Colina, lo que refuerza las sospechas de un arreglo corrupto.
Además, se señaló que Martínez Colina no solo está involucrado en estos hechos, sino que también mantiene nexos con exfuncionarios del AICM como Carlos Lobera y Miguel Ángel Téllez Hernández, quienes serían sus operadores en actividades ilícitas.
Denuncia pública y falta de acciones legales
Los permisionarios advirtieron que cada vez son más evidentes las artimañas y acciones irregulares llevadas a cabo por Martínez Colina en el Aeropuerto de la Ciudad de México. A pesar de la conformidad de la Dirección General del AICM y las autoridades federales, incluyendo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), no se ha tomado ninguna acción legal o administrativa contra el funcionario.
Los trabajadores del servicio de taxis cuestionaron a las autoridades del aeropuerto sobre hasta cuándo permitirán estos actos de corrupción y si se tomarán finalmente cartas en el asunto.
