Con el objetivo de proteger los derechos humanos y erradicar la discriminación que enfrentan las personas que viven con VIH y Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), la diputada Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para derogar el artículo 199 Bis del Código Penal Federal, que tipifica el delito de “peligro de contagio”.
Este artículo establece sanciones de hasta cinco años de prisión para quienes, sabiendo que padecen una enfermedad de transmisión sexual o grave en periodo de contagio, pongan en riesgo la salud de otras personas a través de relaciones sexuales u otros medios.
La propuesta enviada a la Comisión de Justicia busca eliminar esta figura penal al considerar que es discriminatoria y fomenta la estigmatización hacia quienes viven con el virus.
Impacto de la derogación
Hernández García argumentó que esta reforma es necesaria para combatir barreras sociales y legales que dificultan la prevención, detección oportuna y tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana(VIH). Señaló que la criminalización de las personas con VIH constituye una forma de violencia institucional que afecta su acceso a servicios de salud y fomenta el estigma, lo que a su vez limita la respuesta efectiva frente a la pandemia del virus.
Actualmente, de los 33 códigos penales vigentes en México, 27 contemplan el delito de peligro de contagio, siendo utilizado en muchos casos contra personas con VIH, lo que ha provocado consecuencias como pérdida de empleo, vivienda, aislamiento social y violencia física.
La legisladora destacó que, en lugar de promover la persecución penal, es necesario fortalecer políticas públicas en materia de salud pública que incentiven la realización de pruebas de detección, el acceso a tratamientos y la promoción de una educación integral en salud sexual.
Un problema de salud pública y derechos humanos
El VIH continúa siendo un desafío global que afecta a 39.9 millones de personas, según cifras de 2023. El estigma y la discriminación asociados con el virus no solo vulneran los derechos humanos de quienes viven con VIH, sino que también afectan a sus familias y comunidades.
“La enfermedad no solo impacta a quienes la padecen, sino también a sus seres queridos. No podemos permitir que figuras penales como el artículo 199 Bis sigan obstaculizando el acceso a derechos y servicios de salud”, concluyó Hernández García, reiterando que esta propuesta es un primer paso hacia la eliminación de estas disposiciones en los códigos penales estatales.
La iniciativa espera ser discutida y analizada por la Comisión de Justicia en las próximas sesiones del Congreso.
