El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone restricciones significativas a las transiciones de género en menores de 19 años. Esta medida, que busca limitar el acceso a procedimientos médicos como terapias hormonales y cirugías de reasignación de sexo para personas transgénero menores de edad, establece un precedente importante en la política de salud y derechos civiles en los Estados Unidos.
Dicha disposición forma parte de un recorte drástico en el financiamiento y apoyo federal a estas prácticas, también incluye la orden de una aplicación rigurosa de las leyes que ya existían para restringir estos procedimientos en menores.
En ese sentido, Donald Trump defendió la medida argumentando que su objetivo es “proteger a los niños de decisiones médicas irreversibles”, enfatizando su preocupación por las consecuencias a largo plazo que podría tener para los jóvenes someterse a una transición de género sin una madurez total.
Dentro de un comunicado de la administración Trump se refirió a las transiciones de género como “procedimientos destructivos y que alteran la vida”:
“Es política de Estados Unidos no financiar, patrocinar, promover, asistir o apoyar la llamada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro, y hará cumplir rigurosamente todas las leyes que prohíben o limitan estos procedimientos destructivos y que alteran la vida”.
Voces a favor y en contra de la orden ejecutiva
La medida ha sido aclamada por grupos conservadores y líderes religiosos, quienes consideran que esta decisión es un paso hacia la protección de los “valores familiares” y una forma de salvaguardar el bienestar de los niños. Según estos sectores, la orden ejecutiva responde a un temor de que los menores de edad, debido a su falta de madurez, no sean capaces de tomar decisiones tan trascendentales sobre su identidad de género.
En contraste, las organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ+ han reaccionado con fuertes críticas. Consideran que la orden ejecutiva de Trump es un ataque directo a los derechos de las personas transgénero y un obstáculo para el acceso a la atención médica adecuada y esencial para aquellos que desean realizar una transición de género. Los opositores argumentan que esta medida vulnera los derechos de los menores transgénero y sus familias, limitando el acceso a tratamientos médicos que podrían mejorar su calidad de vida y bienestar emocional.
