Un presunto caso de corrupción relacionado con créditos para vivienda ha salido a la luz, dejando a cientos de familias en la incertidumbre y sin un hogar. La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación formal bajo el expediente FED/YUC/MER/0000614/2024, en la que se señala a la empresa Yavo Capital como una de las principales implicadas en el desvío de recursos destinados a la construcción de viviendas.
Según los documentos presentados, Víctor Hugo Rosales Aranda y Olga Lidia Aranda Salas, líderes de Yavo Capital, habrían canalizado recursos de manera irregular hacia otras empresas, como Vylon Balance Solution S.A. de C.V. y KAAB Tulum S.A.P.I. de C.V. Esto habría dejado varias obras inconclusas o, en algunos casos, sin iniciar, afectando a familias de Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México.
El representante legal de los afectados denunció que estas irregularidades no solo han causado pérdidas económicas a los derechohabientes, sino que también han generado un clima de desconfianza en el manejo de los créditos. Aunque aún no se conoce el número exacto de víctimas, se estima que las afectaciones alcanzan una escala significativa.
Ante estos señalamientos, el Ministerio Público solicitó al Infonavit regional de Yucatán información detallada sobre los representantes legales y directivos de las empresas involucradas. En un oficio emitido el 13 de enero, se pidió acceso a datos como nombres, direcciones y contactos de los responsables para avanzar en la investigación.
Por su parte, los afectados han expresado su preocupación por la posible fuga de los responsables. “Tememos que preparen su salida del país y evadan la justicia. Necesitamos que el Infonavit colabore activamente con las autoridades para que se resuelva este caso y se garantice que las familias recuperen lo perdido”, declararon en un comunicado.
La investigación sigue en curso, mientras crecen las demandas de que las autoridades y las instituciones involucradas actúen con rapidez para esclarecer los hechos y evitar que el presunto fraude quede impune.
