En un momento candente para las migraciones, los nicaragüenses siguen abandonando su país. Activistas y especialistas piden a Bruselas actuar para protegerlos. Herramientas tendría, cuentan a DW."Soy activista. Estuve 606 días en prisión, en confinamiento solitario, con escaso acceso al sol", dice a DW Ana Margarita Vijil. En una audiencia sobre derechos humanos en Nicaragua, en el Parlamento Europeo, Ana Margarita Vijil subraya: "Soy nicaragüense aunque el régimen de la familia Ortega-Murillo me haya quitado la nacionalidad. Vengo aquí a denunciar a un régimen que destierra, encarcela, desnacionaliza…", sigue la activista, que entró en prisión en junio de 2021 y salió en febrero de 2023, directo al exilio.
Informes de la ONU sobre Nicaragua
Las cifras son elocuentes: 36 universidades clausuradas, 275 periodistas en el exilio, 54 medios de comunicación cancelados, 50 opositores encarcelados y más de 25 funcionarios públicos detenidos y con paradero desconocido. A esto se suman ahora unas reformas a la Constitución que otorgan a la pareja presidencial un poder ilimitado sobre la población.
El momento es delicado. Para finales de febrero se anuncia un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. El informe pone el foco sobre las cadenas de mando y los principales patrones de las violaciones hasta ahora documentadas, incluyendo a los responsables más allá de la pareja Ortega-Murillo.
El Grupo de Expertos, con mandato de Naciones Unidas desde marzo de 2022, ha llevado a cabo investigaciones y ha publicado ya informes sobre violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano, enfocando las vulneraciones a la libertad académica, a las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, a la Iglesia Católica, a la libertad de circulación y al derecho a la nacionalidad.
La situación se hace insostenible para la población, un 12 por ciento de ella en el exilio. "Estamos convencidos de que el régimen terminará. Pero necesitamos del apoyo de los países miembros de la UE, también para que se los pueda llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad", pide Ana Margarita Vijil.
Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma y, por consiguiente, "la CPI no tiene jurisdicción para intervenir", explica a DW Jan-Michael Simon. Sin embargo, "hay otras jurisdicciones posibles sobre todo cuando hay víctimas nacionales", agrega Simon, que preside el grupo de investigadores de la ONU. Cabe resaltar que, desde el 2019, sobre miembros del régimen de Managua penden sanciones selectivas de la UE.
¿Y el comercio y los fondos europeos?
Por otro lado, no hay que olvidar que Nicaragua, junto con otros cinco países centroamericanos, está unida al gran mercado común de la UE por un Acuerdo de Asociación, cuyo pilar comercial está en vigor desde el 2013. Éste ha favorecido, entre otros, la exportación de productos vegetales y sus derivados. A este respecto, Vijil subraya un pedido de ya larga data por parte de las organizaciones pro derechos humanos: "Tienen que ser conscientes de que entre sus socios centroamericanos hay un criminal de lesa humanidad. Pedimos que se active la cláusula democrática establecida en el Acuerdo de Asociación con Centroamérica (ADA)".
Efectivamente, el ADA incluye la llamada cláusula democrática -que permite la suspensión de un acuerdo comercial debido a falta de cumplimiento con el respeto a los derechos humanos-, pero ésta se encuentra en la parte de diálogo y cooperación que entró en vigor apenas en 2024. Esto explicaba, hasta el momento, por qué no podía ser suspendido. No obstante, ahora ya está en pleno vigor. ¿Entonces?
"Lo venimos diciendo: éste es el acuerdo más ambicioso en cuanto a derechos humanos y Nicaragua es uno de los países que más los violan. La UE debería tomar en serio los compromisos firmados", acota Jan-Michael Simon. Por otro lado, en cuanto a los fondos de cooperación al desarrollo, Vijil, amparada en organizaciones no gubernamentales, pide "cerrar todo grifo de financiación al régimen de Managua".
Al respecto se pronuncia también el especialista de la ONU y da ejemplos: "En 2021, poco después de unas elecciones consideradas ilegítimas, países como Holanda y Alemania canalizaron fondos a Nicaragua través del Banco Interamericano de Desarrollo. No deberían hacerlo".
La migración: un arma híbrida
Por último, en un momento en que, desde Washington, se toman drásticas medidas contra los migrantes, según la la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solamente entre enero y septiembre de 2024 se registraron más de 414 mil emigraciones desde el país centroamericano por la frontera con Costa Rica, es decir, rumbo norte. Se trata también de un grupo de nicaragüenses excarcelados 2024 y que se encuentran en Guatemala después de que Estados Unidos rechazara su solicitud de asilo.
"El mensaje está dado: Washington considera a Managua una amenaza para su seguridad, porque utiliza los flujos migratorios como un arma de guerra híbrida, tal como lo hace Bielorrusia en la frontera de la UE", apunta Jan-Michael Simon.
¿Qué hacer desde Bruselas, entonces? Ana Margarita Vijil -que junto a su familia consiguió asilo y nacionalidad en España- aboga por que se inste también a otros Estados miembros de la UE a proteger a los "apátridas" nicaragüenses; y a mencionar con nombre y apellido a los más de cincuenta presos políticos que, algunos desde varios años, siguen en las cárceles de Nicaragua.
(rml)
